(Foto : Lino Chipana Obregón / GEC)
(Foto : Lino Chipana Obregón / GEC)

Uno de los elementos fundamentales de la reforma financiera de inicios de los noventa fue liquidar, reestructurar o privatizar los bancos públicos. Se tomó la decisión de que el gobierno solo otorgaría créditos como banca de segundo piso a través de Cofide. Lamentablemente, con el paso del tiempo, sucesivos gobiernos empezaron a desarmar la reforma, abriendo la puerta para que entidades financieras del Estado volvieran a otorgar créditos directamente, ya sea a través de la creación de Agrobanco, permitiendo que Cofide realice operaciones de garantía o “fronting”, o flexibilizando las políticas crediticias del Banco de la Nación (BN).

En su mensaje al Congreso, el ministro Bellido mencionó la intención de ampliar las funciones del BN para que compita directamente con la banca privada en el otorgamiento de créditos personales y a las pequeñas y micro-empresas, actualmente legalmente prohibido, y aumentar los fondos prestables al Agrobanco. Sería bueno recordar que las reformas en los noventa se justificaron porque la mayoría de estas instituciones estaba quebrada debido a los malos créditos que habían otorgado. Hoy en día se vuelve a argumentar falazmente que los pequeños empresarios y agricultores no tienen acceso al crédito, olvidando que existen muchas instituciones especializadas que se los otorgan. En todo caso, si no acceden a financiamiento es por temas de riesgo y limitaciones a capacidad de pago, que se resuelven con asistencia técnica y no crédito público. Las recientes experiencias de Agrobanco y de Cofide, luego de que les ampliaran sus funciones, fueron muy costosas al Estado que los tuvo que recapitalizar. Cofide se recuperó al dejar de hacer operaciones de primer piso, pero Agrobanco continúa teniendo serios problemas financieros.

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El Estado es un mal administrador de créditos, por ello la mayoría de países recomienda que solo actúe como banca de segundo piso, a través de intermediarios privados que prestan directamente y tienen las capacidades para administrar los riesgos. Si se amplía el rol del BN y se otorgan más fondos a Agrobanco se fomentará la ineficiencia y corrupción, se hará una mala asignación de recursos, se politizará el otorgamiento de crédito y será excusa para aumentar sus planillas. Un problema adicional es que por su naturaleza pública dificultará las tareas de control del supervisor bancario, facilitando que escondan su verdadera situación financiera y posibles pérdidas, que terminaremos pagando todos. No volvamos a tropezar con la misma piedra.

Lea mañana a: Juan José García

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