Piden investigar trabajo de la Comisión de la Verdad

BAJO LA LUPA. La presencia de los camaradas ‘William’ y ‘Alipio’ en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo reavivó la polémica sobre la objetividad con que la CVR analizó la violencia subversiva en nuestro país.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 05:15

Una vez más la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se encuentra en el centro de la tormenta. Tras la caída del principal francotirador de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), Rolando Cabezas Figueroa (a) 'camarada William', y el posterior hallazgo de su nombre en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo, parlamentarios de distintas bancadas pusieron nuevamente sobre el tapete su pedido para conformar una comisión especial que investigue el trabajo realizado por la CVR en 2001-2003.

Las críticas más encendidas a la labor efectuada por el grupo encabezado por Salomón Lerner Febres partieron de Fuerza 2011, desde donde Alejandro Aguinaga, primero, y Martha Chávez, después, denunciaron que el sesgo ideológico de los integrantes de la Comisión de la Verdad permitió "poner de rodillas" al país ante la subversión y considerar a sus miembros como víctimas con derecho a una indemnización del Estado.

INFILTRADOSLa polémica se agudizó aún más cuando el legislador Juan José Díaz reveló que no solo el 'camarada William' sino también Alejandro Borda Casafranca (a) 'camarada Alipio' estaba considerado como posible beneficiario de una reparación económica.

Fue entonces que Mauricio Mulder reclamó al presidente del Congreso, Víctor Isla, que se someta a discusión la moción presentada en marzo para formar una comisión que investigue el trabajo de la CVR.

"Ahí se desenmascarará toda esta caterva de gente que solo ha generado muertos para cubrir ingentes cantidades de dinero al Estado", reforzó Aguinaga, quien demandó incluir también en el debate la moción para investigar la liberación de terroristas durante el régimen de Alejandro Toledo y la participación en ese proceso del entonces canciller y hoy titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán.

Ante la arremetida del fujimorismo no fueron los oficialistas sino algunos de sus 'socios' políticos, como Javier Diez Canseco y Jorge Rimarachín, los que recogieron el guante y replicaron con más imputaciones, pero esta vez referidas al "uso del aparato estatal (durante el fujimorato) para cometer crímenes de lesa humanidad". Los dimes y diretes, sin embargo, concluyeron en nada concreto.

VERDADES A MEDIASMientras tanto, desde el Ejecutivo, la ministra de Justicia, Eda Rivas, sostuvo que ni el 'camarada William' ni sus familiares estuvieron considerados en la relación de víctimas. Pese a las evidencias (ver facsímil), aseguró que el nuevo listado salió hace una semana y anunció que este será sometido a una nueva revisión. Nadie le informó, al parecer, que hasta ayer al mediodía el abatido francotirador de Sendero figuraba en el rol con el expediente Nº 0027084.

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