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La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia confirmó la comparecencia con restricciones dictada contra el exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Gabriel Prado, investigado junto a la exalcaldesa Susana Villarán.
El exfuncionario villaranista reclamaba que el juez de primera instancia haya concluido que tiene una vinculación con la exburgomaestre, quien reconoció haber recibido aportes de las empresas OAS y Odebrecht para financiar sus campañas contra la revocatoria (2012-2013) y la de reelección (2014).
Al respecto, el colegiado sostuvo que debido al cargo que ocupó, Prado sí tenía relación directa con Villarán. Además, recogió el testimonio de Anel Townsend, exvocera de la campaña del No, quien contó a la Fiscalía que existieron reuniones de coordinación de las actividades proselitistas en casa del padre de Prado Ramos.
El tribunal también apuntó que el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, admitió que coordinó con el exgerente municipal José Miguel Castro la entrega de US$3 millones en aportes, y que debido a celeridad con la que se requería el dinero se optó por abrir una cuenta offshore en la Banca Privada de Andorra a nombre de Gabriel Prado.
“Se abrió una cuenta en la BPA a nombre de Gabriel Prado Ramos, quien ha reconocido haber firmado los documentos necesarios para dicha apertura, es comprensible creer que las anotación de 20,000 en favor de “GP o Gabriel” hallada en una agenda de Villarán sea en alusión a Prado Ramos”, concluyeron los jueces.
De esta manera, el exservidor -al que se imputa el delito de asociación ilícita- deberá seguir acudienco al control biométrico cada 30 días, no ausentarse de la localidad donde residen y en caso varíen de domicilio hacerlo con previa autorización judicial. Asimismo, el pago de 10 mil soles.
