Rúben Vargas: “Narcotráfico pone en riesgo la democracia”

Me preocupa esta designación en la medida en que habría un serio problema de conflicto de intereses porque fue abogado del partido Perú Libre, que está siendo investigado por la Fiscalía en un caso bastante delicado de lavado de activos. Entiendo que ha renunciado como abogado, pero en la medida que la Policía Nacional maneja información bastante sensible, la Policía especializada aporta investigaciones al Ministerio Público y el abogado de los investigados es ahora el ministro del Interior; desde mi punto de vista, se pone en riesgo la imparcialidad en la investigación.

Precisamente porque el agraviado es el Estado y hay tantas preguntas de las que no conocemos con transparencia las respuestas, el Congreso tiene que cumplir con su responsabilidad de control político. Ese tema tiene que resolverse de la manera más rápida y clara posible.

El tema es bastante claro. No estoy cuestionando siquiera las calificaciones profesionales del actual ministro del Interior; estamos expresando preocupación sobre los elementos que generan sospechas razonables de que existe un conflicto de intereses. No se trata de hacer actos de fe o de confianza. Se trata simplemente de ser transparentes frente a los intereses del Estado.

Para el presidente Castillo y la primera ministra, lo es. Prefiero no dar mi apreciación personal, pero el Congreso no puede eludir su responsabilidad de ejercer control político.

Eso sí es un serio problema. Los peruanos exigimos del ministro del Interior una mayor claridad y definición. El Perú es uno de los tres países productores de drogas cocaínicas en la región andina, junto con Colombia y Bolivia, y Perú, lamentablemente, por la demanda externa de drogas cocaínicas, está sufriendo nuevamente el embate del narcotráfico y la expansión para el crecimiento de cultivos ilegales de hoja de coca.

Si desde el Ministerio del Interior o el gobierno no se van a dar mensajes claros respecto al control de los cultivos ilícitos, en este caso de la hoja de coca, entonces estamos equivocándonos en proteger los intereses del país, en cumplir la política nacional de lucha contra las drogas que obliga a controlar la expansión de los cultivos ilícitos (…). Si el ministro del Interior está en contra de la lucha contra las drogas, queremos saber, entonces, cuál es la política del gobierno respecto a este problema que es uno de los elementos corruptores que afecta gravemente la institucionalidad, la democracia y corroe con dólares sucios a nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, jueces y partidos políticos. Luchar contra el narcotráfico es defender la democracia.

Me preocupan tres cosas. Primero, los mensajes equivocados que están saliendo del gobierno, del Congreso y de algunos sectores cercanos el presidente respecto a la obligación que tiene el gobierno de controlar los cultivos y que van a generar más bien su expansión. Dos, enfrentar al narcotráfico obliga a un trabajo en equipo, (...) y hay necesariamente desde la PCM que trabajar con una estrategia integral y articulada donde estén presentes todos los sectores del Estado con responsabilidad en la lucha antidrogas (…). ¿Qué va a pasar cuando hay un sector como Interior que tiene mensajes contrarios a los intereses del país de lucha contra las drogas?

Y el tercer tema es la ideologización de esa lucha contra las drogas. Creer que la presencia de la cooperación internacional es una violación o vulneración de nuestra soberanía es una lectura absolutamente trasnochada de la Guerra Fría (…). Decir que vamos a recuperar soberanía y para eso vamos a expulsar a las agencias antidrogas de los Estados Unidos es un contrasentido, un absurdo. Tenemos que estar atentos para que no se genere una situación en la que el Perú se vea afectado, como lo estuvo en las décadas de los 80 y 90, no solo en su seguridad, sino también la democracia, nuestra gobernabilidad, por un enemigo tan poderoso como lo es el narcotráfico.