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Richard Arce: Fuerza Popular está buscando blindarse

El congresista de Nuevo Perú se pronunció así al comentar proyecto que condiciona investigación a partidos políticos por presunto financiamiento ilícito.

Fecha Actualización
El vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, rechazó el dictamen de la Comisión de Justicia del Parlamento que plantea que el Ministerio Público solo pueda investigar el financiamiento ilícito de partidos políticos con un informe previo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y consideró que Fuerza Popular busca un blindaje con esta norma.
Según indicó en entrevista con Canal N, la fiscalía debe tener “todas las herramientas” para desarrollar una investigación sin que haya entidades intermedias “que no tienen competencia para ver si hay o no delitos”.
“En la propuesta lanzada por el aprismo y el fujimorismo hay una condición de que tiene que pasar por la ONPE, eso es lo grave”, sostuvo.
Richard Arce recordó la investigación que sigue el Ministerio Público contra la agrupación Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) para indicar que la ONPE no fue la que se percató del “pitufeo”, acción que según la tesis fiscal habría permitido el delito de lavado de activos.
“La ONPE jamás informó del famoso ‘pitufeo’. Entonces, ¿cómo se hubiera descubierto todo lo que estamos viendo el día de hoy, de que se utilizó dinero de la caja dos de Odebrecht para financiar una campaña política?”, cuestionó.
El portavoz de Nuevo Perú alertó que la intención de Fuerza Popular es “desarrollar un espacio de tipificación de partidos asociados al delito de lavado de activos”, cuando este es mucho más amplio y se debe investigar en toda su magnitud.
“En vez de servirnos de experiencia, de una lección aprendida para desarrollar una buena estrategia legal, sirve para que puedan blindarse”, sostuvo.
Cabe destacar que la iniciativa legislativa incluye el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal con una pena no menor de cuatro ni mayor de siete años de prisión.
Asimismo, establece agravantes el uso de la metodología de lavado de activos o la pertenencia a una organización criminal, pero sanciona estos elementos con penas de hasta trece años de pena privativa de la libertad.
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