Un maestro para esconderse de la justicia, a la que esquiva hace ya largos meses. La clandestinidad no ha sido un impedimento para que Juan Silva Villegas, el prófugo exministro, amigo y paisano del expresidente Pedro Castillo, tan profesor como él, realice trámites en su pretensión de que se le siga pagando su sueldo de director de un colegio estatal de Puente Piedra, cuando ya era buscado por la Policía.
Sin nada de vergüenza, el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones apeló desde su clandestinidad hasta dos veces la suspensión de sus jugosos 4,500 soles por no asistir a cumplir con sus obligaciones como docente, según reveló Cuarto poder.
En julio de 2021, apenas Castillo le aseguró la cartera del MTC y un nada despreciable sueldo de 30 mil soles, el hoy no habido Silva pidió licencia sin goce de haber en la Institución Educativa 5178 Víctor Andrés Belaunde, de la cual era director. Siete meses después, y ya salpicado de sospechas y acusaciones de corrupción en su cartera, tras ser señalado como uno de los cabecillas de una red criminal dirigida por Castillo que negociaba licitaciones y aseguraba puestos en el sector, el amigo del expresidente se vio obligado a renunciar.
Su salida del Ejecutivo lo obligó a regresar al colegio en busca de recuperar su cargo. Acudió algunas veces a la institución educativa hasta que, en mayo de ese 2022, no volvió a ser visto por nadie hasta convertirse en todo un maestro de la desaparición, luego de que un mes después, en junio, el juez supremo Juan Carlos Checkley emitió su detención preliminar, y luego ordenó su prisión preventiva.
Tras su público paso a la clandestinidad, la administración del colegio comunicó a la UGEL de Lima Norte que Silva había dejado de marcar el control digital de asistencia por varios días, por lo que la unidad gestora lo sancionó congelándole el sueldo. Increíblemente, el prófugo Silva apeló esta sanción que lo privaría de sus 4,500 soles, aduciendo que no iba a trabajar porque tenía una orden de prisión en su contra. Su pedido fue rechazado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, entidad encargada de impartir justicia ante reclamos de trabajadores públicos, que también declaró improcedente otra apelación similar del exministro, tras una segunda suspensión, meses después. Una tercera apelación a esta sanción está pendiente de resolverse.
MALAS JUNTAS
Mientras, una actividad para recaudar fondos a favor del golpista Castillo juntó el pasado 26 de agosto, en un mismo lugar, a varios investigados por el caso ‘gabinete en la sombra’, a pesar de que el Poder Judicial impuso restricciones para estas personas, quienes tienen prohibido comunicarse.
Al evento realizado en el local campestre La Matarina, en Puente Piedra, asistieron Gian Marco Castillo Gómez, sobrino de Castillo, investigado por colusión y organización criminal por casos como los ascensos en la Policía y Puente Tarata, y también Franco Pomalaya, exasesor de Palacio de Gobierno y Gloria Castillo Terrones, hermana del exmandatario. Otros asistentes investigados fueron Cledin Vásquez Castillo, exasesor de Salatiel Marrufo, y la exviceministra María Tarazona.
