Pedro Castillo y Aníbal Torres son investigador por perpetrar el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. (Foto: Presidencia)
Pedro Castillo y Aníbal Torres son investigador por perpetrar el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. (Foto: Presidencia)

El procurador general Daniel Soria ha solicitado a la Corte Suprema el embargo de inmuebles que pertenecen al expresidente y al expremier Aníbal Torres, investigados por perpetrar el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Con esa medida, Soria quiere asegurar el cobro de reparación civil de S/67 millones 711 mil 48 que podrían pagar de forma solidaria Castillo, Torres, la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. El monto final lo decidirá el Poder Judicial.

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Si el juez supremo Juan Carlos Checkley concede el pedido, los investigados no podrán vender ni ceder las bienes a terceros.

De acuerdo al petitorio, al que accedió Perú21, son cuatro los inmuebles del exmandatario sobre los que se requiere la medida de inhibición; y sobre nueve propiedades, incluyendo un vehículo de US$20,000, del exprimer ministro.

La Procuraduría General del Estado registró dos estacionamientos de Torres, valorizados cada uno a US$15,000, y un departamento de US$236,800. Todos ubicados en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro.

También solicitó que se le embarguen otros cinco inmuebles ubicados en Cercado de Lima.

Con respecto a Castillo Terrones, las cuatro propiedades a congelar están en Cajamarca, la región natal del exjefe de Estado.

Según el Ministerio Público, el exgobernante se encargó de leer el discurso en el que anunció el ilegal cierre del Congreso y la reorganización del sistema de Justicia. Pero Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez habrían instigado esa ilegal decisión.