Estado pagará defensa de exministro de Salud que pitufeó S/98,400

No suelta la tetilla del Estado. Al defenestrado ministro de Salud (Minsa) Jorge López no le bastó ser expectorado del gobierno tras revelarse que utilizó a sus funcionarios de confianza para realizar depósitos de dinero en efectivo –por la suma de S/98,400– en favor de su expareja Dervy Apaza Meza, sino que ahora gozará del dinero de todos los peruanos para solventar los gastos de su defensa legal mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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El 3 de noviembre, el secretario general del Minsa, José Vidal Fernández, firmó la resolución ministerial que aprobó el gasto a realizar para pagar al abogado del médico.

El extitular de Salud es investigado por enviar a seis funcionarios de su sector a realizar depósitos de S/9,000 a la cuenta bancaria de su exconviviente, entre agosto y setiembre pasado, bajo una modalidad conocida como pitufeo.

Y no fue lo único que ingresó a sus fondos. Según el dominical Punto final, Apaza recibió US$70,000 de parte del empresario Luis Quito, dueño de un conocida clínica que lleva su nombre, por una supuesta venta de un tomógrafo en agosto de este año.

Tras recibir los recursos, la expareja de López pagó la inicial de un departamento ubicado en el distrito de Jesús María, valorizado en S/412 mil.

Esa propiedad fue incautada por el equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto, que investiga al entorno del presidente Pedro Castillo, al advertir que el dinero podría tener origen ilícito. En ello también coincidió el Poder Judicial, que autorizó esa medida.

pecto, Jorge López aseguró que el dinero era suyo y que tenía cómo demostrarlo. Pero hasta ahora no ha expuesto evidencias de que ello sea así.

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Saca la vuelta a la ley

López invocó la Ley del Servicio Civil para acceder a este beneficio. La norma establece que el Estado puede cubrir la asesoría legal de un funcionario que afronta procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones del Congreso y de la Policía.

Sin embargo, esta norma indica que se aplica solo cuando se trata de actos o decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones, algo que no sucedió en el caso del exministro de Salud.

El abogado penalista Andy Carrión precisó que los actos de Jorge López corresponden a una conducta particular y no a sus competencias como titular del sector Salud.

“En rigor, en los actos hechos por el ministro no se implican acontecimientos que son de su función, sino, más bien, ejercicios de una conducta particular; eso sería un punto a reparar”, explicó a Perú21.

Resaltó que incluso el extitular del Minsa también debería ser investigado por peculado de uso, ya que “ha utilizado a funcionarios para una actividad distinta a su función”.

“Desde el punto de vista ético, es reprochable, es antiético pedir que el Estado te financie por una actividad extrafuncional”, añadió.

A su turno, el penalista Luis Lamas Puccio cuestionó que los funcionarios se acojan a la ley para defenderse de investigaciones fiscales. “Estos juicios duran varios años. La ley dice que, en caso de que el funcionario termine siendo condenado, tendría que devolver al Estado todos los gastos que utilizó en su defensa, pero eso nunca se ha hecho”, apuntó en diálogo con este diario.

“Es una paradoja porque el Estado es la víctima del robo de sus recursos y tiene que pagar los abogados a algunos malos funcionarios”, lamentó.

Tanto Carrión como Lamas Puccio consideraron que la norma debería ser modificada por el Congreso de la República a fin de delimitar su alcance y evitar que sea mal utilizada, como en el caso de López.

“Eso sería beneficioso para el Estado, para no gastar dinero en presuntos culpables”, resaltó Andy Carrión.

“Es un derecho al que deben acceder todos, pero en el Perú, si no tienes peso político ni influencia política, nadie te va a defender”, opinó Lamas Puccio.

Este diario intentó comunicarse, mediante llamadas y mensajes, con el exministro Jorge López, pero, hasta el cierre de esta edición, no respondió las interrogantes. Desde que dejó el cargo, el 28 de octubre, no ha dado la cara. Dervy Apaza ya acudió a la Fiscalía a declarar, pero optó por guardar silencio, según pudo conocer este diario.

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