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La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la suscripción de la adenda 2 al contrato de concesión del tercer componente del proyecto integral de Irrigación e Hidroenergético de Olmos (Proyecto Olmos), en Lambayeque.
En una nota de prensa, informó que se benefició a una empresa vinculada al concesionario H2Olmos - integrada por Odebrecht- para la compra sin subasta de más de 11 mil hectáreas de lotes agrícolas a US$ 6 976 282, que luego revendieron a US$ 22 493 036.00.
El Proyecto Olmos surge para el impulso de la actividad económica en la región Lambayeque y actualmente se encuentra en operaciones con dos de sus tres componentes.
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El primer componente consistió en la construcción de una presa y el túnel trasandino de 20 Km. para el trasvase de aguas del río Huancabamba hacia la costa peruana, que se encuentra concluido y en operación); el segundo componente comprende la producción de energía a través de una concesión perpetua, y se encuentra en ejecución.
El último componente abarca la construcción de infraestructura hidráulica para la irrigación de lotes agrícolas del valle de Olmos, que eran propiedad del Gobierno Regional de Lambayeque. Este también está concluido y en operación.
“De acuerdo al contrato de concesión del tercer componente (Proyecto Irrigación Olmos), suscrito el 2010, bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), entre la entidad regional y la concesionaria H2Olmos, las 38 mil hectáreas que lo comprenden debían transferirse a terceros, a través de subastas, como requisito para que la concesionaria realice el cierre financiero necesario para la obtención del financiamiento de las obras”, indica el comunicado de la Contraloría.
El contrato de concesión establecía que los compradores de dichas hectáreas no podían ser el concesionario, sus accionistas o empresas vinculadas a ellos.
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En ese sentido, la entidad explica que antes que transcurran tres años de la firma del contrato, en mayo de 2012, al no obtener los resultados esperados en dos subastas para la venta de los lotes y la obtención de un capital mínimo de US$ 161 500 000, requerido por el contrato de concesión, dos entidades bancarias que no habían sido designadas previamente como acreedores permitidos por el Gobierno Regional de Lambayeque, sugirieron a la concesionaria modificar el contrato de concesión.
Además, refieren que dicha recomendación se dio pese a que la normativa de APP no permitía la modificación del contrato de concesión dentro de los tres primeros años de su suscripción, salvo que se trate de un requerimiento de los acreedores permitidos vinculado al cierre financiero, lo cual no había ocurrido.
“Ante este pedido, el concesionario solicitó al concedente una modificación al contrato de concesión con el fin de permitir que una empresa vinculada a H2Olmos adquiera directamente más de 11 mil hectáreas de lotes que habían quedado pendientes de adjudicación”, precisa la entidad.
“La condición de acreedores permitidos que debían tener las entidades bancarias que sugirieron la modificación del contrato, así como el pedido del concesionario, no fueron analizados por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), en su condición de supervisor, sin perjuicio de lo cual, emitió su opinión favorable, lo que permitió la aprobación y firma de la citada adenda, sin que haya de por medio la acreditación de la excepción que haya permitido modificar el contrato dentro de los tres primeros años de la concesión, ni el sustento técnico y económico financiero respectivo, contraviniendo la normativa de APP vigente y el contrato de concesión”, agrega.
Esta adenda permitió que se elimine la restricción original del contrato de concesión, permitiendo que la concesionaria adjudique de manera directa 11 633.846 hectáreas de lotes agrícolas a una de sus empresas vinculadas, por el monto mínimo señalado en el contrato de concesión, eliminando la posibilidad de generar excedentes a favor de las partes. La venta directa no permitió ofertas económicas mayores como sucede en el caso de las subastas.
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“Así, el concesionario H2Olmos adjudicó las hectáreas a favor de una de sus empresas vinculadas, sin subastas y sin cumplir requisitos exigidos en las bases de las dos subastas anteriores, por un monto de US$ 6 976 282.00 que, posteriormente, vendió en US$ 22 493 036.00”, detalla la Contraloría.
Conforme el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 9543–2020-CG/APP-AC, que tuvo un periodo de evaluación del 30 de junio de 2008 al 05 de marzo de 2014, se ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa de seis funcionarios de Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), entidad supervisora que dio la opinión favorable sin el sustento técnico y económico financiero respectivo.
Estos resultados ya fueron notificados al Gobierno Regional de Lambayeque y al Proyecto Especial Olmos Tinajones para que dispongan el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados, así como a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales correspondientes.
