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La Organización de Estados Americanos (OEA) cedió el viernes a la demanda de los países del ALBA y dejó la puerta abierta a que la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siga bajo debate, aunque a la par disipó los temores de 'estrangulamiento' financiero del sistema al garantizarle sus vías alternativas de lograr fondos.
La Asamblea General aprobó por consenso, tras más de 12 horas de debates y la amenaza de Ecuador de salirse del sistema, una resolución que hará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siga bajo la lupa de los Estados por tiempo indefinido.
El texto "toma nota" de las propuestas de reforma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó esta misma semana en respuesta a las demandas de los Estados miembro y se le solicita que "continúe avanzando en su aplicación".
Asimismo, alivia los temores de la CIDH de que su financiación externa –especialmente vital para la Relatoría de Libertad de Expresión– esté garantizada al dar manga ancha a la obtención de fondos externos hasta que se logre el proclamado "pleno financiamiento del sistema a través del fondo regular" de la OEA.
"Mientras se alcanza ese compromiso, invitar a los Estados miembros, a los Estados observadores y a otras instituciones a que continúen realizando contribuciones voluntarias (…) preferentemente sin fines específicos", señala la resolución al respecto.
El punto que sin embargo más negociaciones forzó fue el segundo párrafo, el relativo a la continuación del diálogo sobre el "fortalecimiento" de la CIDH que dura ya dos años y que la propia Comisión, así como la sociedad civil y el propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, habían pedido que se cerrara, ya que dicen que este debate ha distraído los esfuerzos y recursos del organismo de su misión principal, que es defender los derechos humanos.
Ecuador quería por el contrario que se especificaran los puntos que considera deben seguir negociándose, entre ellos las medidas cautelares o la sede de la CIDH, e incluso amenazó con denunciar la Convención Americana para salirse del sistema si no se aceptaba su reclamo.
Mediante la intensa mediación del canciller argentino, Héctor Timerman, se logró finalmente consensuar un texto con el que la mayor parte de los actores dijeron sentirse si no satisfechos, al menos no totalmente en contra.
Así, el texto final acuerda "con la participación de todas las partes involucradas, mandatar al Consejo Permanente a continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del sistema teniendo en cuenta todos los aportes realizados por los estados, los órganos del sistema y la sociedad civil a lo largo del proceso de reflexión, así como los debates durante la presente Asamblea general extraordinaria".
