El motín en penal Ancón I se logró controlar luego de tres horas de intervención de la Policía. (GEC)
El motín en penal Ancón I se logró controlar luego de tres horas de intervención de la Policía. (GEC)

Una bomba de tiempo. Ayer se produjo un nuevo motín en un centro penitenciario protagonizado por internos que reclamaban atención ante el temor de contagiarse del nuevo coronavirus.

Alrededor de las 11 a.m., los pabellones 7, 8 y 9 del penal para exigir medicinas y pruebas de descarte. Si bien el Instituto Nacional Penitenciario () no ha informado sobre contagiados en este penal, familiares de internos denunciaron que hay reos con síntomas como fiebre y no tienen acceso a medicinas.

Efectivos de la Policía con equipos antimotines tuvieron que ingresar al penal para controlar la situación, lo cual se logró luego de tres horas. Efectivos de la Marina de Guerra también llegaron para resguardar los exteriores del centro penitenciario.

El jefe del INPE, Gerson Villar, informó que la gresca no dejó ningún herido de bala o de gravedad. No obstante, el alcaide del penal Ancón I, Fernando Vargas Puppi, sí recibió impacto de perdigones y fue evacuado al hospital. Algunos internos y agentes del INPE presentaron policontusiones.

El alcalde del penal Ancón I, Fernando Vargas Puppi, en el hospital tras recibir disparo de perdigones. (GEC)
El alcalde del penal Ancón I, Fernando Vargas Puppi, en el hospital tras recibir disparo de perdigones. (GEC)

Miedo y ausentismo

Lo ocurrido en el penal Ancón I puede replicarse en otras cárceles si no hay una respuesta integral del Estado a los problemas con los que el sistema penitenciario enfrenta la pandemia del COVID-19, según dirigentes del INPE entrevistados por Perú21.

La falta de garantías para realizar su labor y el miedo al levantamiento de los internos ha llevado a que varios agentes del INPE dejen voluntariamente de ir a los penales. Eso ocurre, por ejemplo, en el penal de Lurigancho, donde el pasado domingo más de cien agentes .

“Yo informé hoy (ayer) que ya no iría al penal hasta que pase todo esto. En el área de salud de Lurigancho, ya somos ocho compañeros los que hemos dado un paso al costado porque no tenemos protección y hay un riesgo real de motines. Se nos ha hecho una prueba rápida a los trabajadores del penal y han encontrado a una compañera con coronavirus. Nuestra seguridad y la de nuestra familia está en peligro”, dijo a este diario Augusto Viera, técnico enfermero que trabajaba en dicho penal.

Viera aseguró que para protegerse solo utilizaban el material remanente que era usado para los internos con tuberculosis y que una compañera del penal del Callao que dio positivo al coronavirus está costeando su propio tratamiento en la clínica donde está hospitalizada. “No sé en qué ha gastado el INPE los S/10 millones que le asignaron de presupuesto para esta emergencia”, razonó.

“El sistema penitenciario está en riesgo permanente de motines porque los internos manejan sus propios intereses. Ahora con una amenaza latente a su salud, ese riesgo se potencia”, dijo un dirigente del INPE, que pidió el anonimato. Añadió que este desabastecimiento de personal también se está registrando en otros penales.

Luis Pérez Saavedra, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (Sintrap), señaló que es urgente abastecer de equipos de bioseguridad a los trabajadores de los 68 penales del país y realizar un acompañamiento a los contagiados. No dejarlos a su suerte. “El cierre del sistema penitenciario es necesario. A pesar de que el Poder Judicial lo rechazó, el Ejecutivo puede emitir una norma de mayor rango para que se cumpla. El hacinamiento en los penales no aguanta más”, indicó Pérez.

Pérez Saavedra también demandó que se implemente un seguro de salud para los trabajadores del INPE y que el Estado priorice la atención del sistema penitenciario. “El trabajador entra en miedo porque se sienten desprotegidos. Tenemos familia y un proyecto de vida. Están expuestos al contagio y además a la reacción de los internos porque también entran en pánico”, añadió.

Tenga en cuenta

Según cifras del Sintrap, hay al menos 35 trabajadores penitenciarios contagiados en los penales del Callao, carceleta de Lima, Lurigancho y Virgen de Fátima. De ellos, tres están hospitalizados.

Gerson Villar aseguró que los penales sí están recibiendo medicinas y alimento para los internos.