Dina Boluarte solicitó perdón durante su Mensaje a la Nación del 28 de julio (Foto: Presidencia)
Dina Boluarte solicitó perdón durante su Mensaje a la Nación del 28 de julio (Foto: Presidencia)

Perú21 tuvo acceso a extractos de un informe elaborado por la Misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de la para los Derechos Humanos (OACNUDH), respecto a las protestas que tuvieron lugar en diciembre de 2022 y enero de 2023 y que terminaron con la muerte de decenas de compatriotas.

Entre otras cosas, el referido informe advierte que no tiene como propósito investigar posibles responsabilidades penales, en tanto que dicha labor corresponde “a las autoridades peruanas competentes”.

Por otro lado, el documento saludó ciertas iniciativas del gobierno, como la “creación de una comisión multisectorial de apoyo a las víctimas coordinada por el Ministerio de Justicia”, lo que representaría “un paso importante para adoptar e implementar medidas provisionales para brindar apoyo económico a las víctimas”.

En ese sentido, la OACNUDH señaló que “el gobierno ha dado un paso importante al proporcionar una ayuda económica única a las víctimas de las protestas y sus familias”.

“También es positivo el pedido de perdón de la Presidenta de la República, en nombre del Estado, a las personas afectadas durante las manifestaciones y su anuncio sobre el relanzamiento del Acuerdo Nacional para trabajar en una agenda social que atienda las necesidades de la población”, complementó.

La OACNUDH también recordó que, el pasado 27 de febrero, firmó un memorando de entendimiento con el gobierno que contiene “un programa de trabajo con diversas instituciones del Estado para el fortalecimiento de la prevención y protección de los derechos humanos en el país”. En esa línea, el organismo reconoció “la cooperación del Estado del Perú con mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos”.

Finalmente, el informe señala que la OACNUDH pudo verificar “208 casos de policías y militares heridos durante las protestas” y “74 actos de destrucción de bienes públicos y privados en diferentes regiones del país en el contexto de las manifestaciones”.

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