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En la madrugada de ayer, el Pleno del Congreso aprobó otorgarle facultades especiales a la Comisión de Educación para investigar, por 120 días, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por las presuntas irregularidades en los procesos de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Privada Peruano Alemana.
Ante esta nueva arremetida congresal, el ministro de Educación, Martín Benavides, alzó la voz y protestó: “Yo no me creo el cuento de que esto no es contra la Sunedu; no me lo creo, eso es un cuento”.
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Reseñó que desde la instalación del actual Congreso hubo una serie de iniciativas orientadas a desprestigiar y quitarle autonomía a la superintendencia y agregó que le preocupa que “capturen” a la entidad que regula a las universidades del país.
“Lo más sorprendente es que acá no hubo ninguna investigación seria que haya llevado a tomar esas decisiones del Congreso. No me preocupa que investiguen porque la Sunedu va a poder responder con objetividad. Me preocupa el tema de fondo, que es retroceder en la reforma universitaria. Lo único que falta es que también investiguen a los choferes y a los conserjes”, declaró a TV Perú.
TAMBIÉN LA CONTRALORÍA
Mientras, la Contraloría acreditó esta semana a un grupo de auditores que observará los procesos de licenciamiento entre 2018 y 2020.
El secretario general de la Sunedu, Joseph Dager, expresó su extrañeza por estas “coincidencias” en las investigaciones.
“Nos preocupa la parcialidad de la Comisión de Educación del Congreso, pero vamos a colaborar con lo que requieran”, dijo a Perú21. En cuanto al periodo que la Contraloría ha elegido para auditar, comentó que “si quisieran tener un panorama completo del proceso de licenciamiento, este empezó en 2016; extraña (esto) porque en 2018 empezaron las denegatorias”, acotó.
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TENGA EN CUENTA
- El presidente de la Comisión de Educación, Luis Dioses, dijo que el grupo de trabajo definirá en su próxima sesión su plan de trabajo al amparo de las facultades.
- Oswaldo Yupanqui es el funcionario de la Contraloría que suscribe el oficio que dispone la investigación a la Sunedu. Él fue el vicecontralor de Edgar Alarcón.
