‘Los Niños’ de Acción Popular hacen berrinche en audiencia de impedimento de salida del país

Hicieron berrinche. Los seis congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ expresaron ayer en audiencia virtual su rechazo al impedimento de salida del país por nueve meses que pidió en su contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ninguno aceptó haber negociado con el Gobierno por obras públicas y ser parte de la organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo, como reveló la colaboradora eficaz Karelim López. Todos clamaron inocencia.

De los seis, solo el congresista Rafael Doroteo se allanó al requerimiento que sustentó el fiscal Samuel Rojas, encargado del Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación. Aunque eso no impidió que cuestionara la línea de investigación. Sus compañeros de bancada –Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López– pidieron que la medida sea declarada infundada.

José Torrejón, abogado de Doroteo, sostuvo que el parlamentario acudió a Palacio de Gobierno como parte de sus actividades políticas y no para coordinar la repartición de puestos de trabajo y obras públicas desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el de Vivienda.

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“Por coyuntura política, el presidente Castillo invitaba a distintas bancadas para conciliar conflictos y enfrentamientos, no eran visitas aisladas ni antojadizas”, manifestó Torrejón ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.

Pero la estrategia legal de todos los legisladores fue desacreditar la declaración de Karelim López.

“Lo que ella narra no es lo que ha presenciado, es lo que le han contado, ella no tiene sentencia de colaboradora eficaz, el fiscal no tiene hechos que contrasten la versión de López”, alegó Manuel Monzón, abogado de Elvis Vergara.

En tanto, Eduardo Guerrero, defensa legal de Jorge Flores, insistió en que la Fiscalía no había trasladado “toda la información” proporcionada por López a la carpeta de investigación abierta contra su patrocinado.

Asimismo, dijo que la empresaria no ha mencionado específicamente qué hizo su defendido y que por esa razón no queda clara “cuál es la imputación completa”.

Por su parte, Moisés Yanqui, abogado de Juan Mori, señaló que el Ministerio Público “no ha mostrado prueba suficiente e idónea que justifique la investigación” y refirió que el testimonio de la colaboradora eficaz no ha sido corroborado.

Karelim López es la principal fuente de información de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro y de la fiscal de lavado de activos Luz Taquire. Ambas elevaron sus respectivos informes a Pablo Sánchez, quien tras evaluar el relato de López decidió imputar a los congresistas el delito de tráfico de influencias.

Nueva estrategia

El otro protagonista del caso es el exministro de Transportes Juan Silva, para quien la Fiscalía pidió 36 meses de impedimento de salida del país. No obstante, ayer no se hizo presente en la diligencia.

Su abogado, Alfredo Yalan, sostuvo de arranque que el amigo de Castillo acataría el pedido fiscal, pero trazó una nueva línea de defensa que sostendrá en adelante.

Yalan expresó que Silva no conocía de los procesos de licitación que estaban a cargo del comité de selección de Provías y aseguró que los integrantes de ese grupo “se coludieron” con el OSCE para sacar adelante la adjudicación del puente Tarata en favor del consorcio Puente Tarata III.

Incluso aseveró que dos miembros del comité –Miguel Espinoza y Víctor Valdivia– habían “falsificado” la firma del tercer integrante, Edgar Vargas Mas, en las actas que se emitieron durante el proceso de licitación.

El fiscal Samuel Rojas, a su turno, defendió el caso y el pedido de impedimento. Sostuvo que existen “sospechas mínimas” que justifican el despliegue de diligencias. “La colaboración nos ha dado una noticia inicial y eso nos corresponde investigar”, refirió.

El juez Checkley dijo que emitirá su decisión en el plazo de ley.

Tenga en cuenta

-En este proceso es investigado el presidente Pedro Castillo, a quien se le imputa los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

-La defensa de Castillo pidió al Fiscal de la Nación que anule la investigación contra el mandatario. El abogado Benji Espinoza dijo que si solicitud es rechazada, interpondrá tutela de derecho ante el Poder Judicial.

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