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Fiscalía advierte que ley de prescripción de delitos de lesa humanidad es inviable
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La Fiscalía advirtió hoy que si el Parlamento aprueba en segunda votación la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad su ejecución sería inviable y, además, generaría impunidad y agravio contra los familiares de la víctimas.
?? Junta de Fiscales Supremos expresa postura institucional de rechazo al proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en legislación peruana, debido a sus implicancias negativas.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 13, 2024
?? Ver Informe:https://t.co/D7SeeUjKCk pic.twitter.com/RR3nLqCkCE
A través de un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) aclaró que este tipo de delitos son imprescriptibles ya que así lo estipulan el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad.
“Resulta evidentemente inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional, los cuales preceptúan que los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal puesto que tienen la obligación de investigar las graves violaciones de derechos humanos”, se lee.
La JFS alertó que de aplicarse la norma se archivarían 600 casos, entre los que aparecen El Frontón, Barrios Altas, Pativilca, Putis, Accomarca, Castro Castro, Madre Mía, entre otros. Incluso influiría de manera directa en procesos con sentencia. Todos relacionados a la época del terrorismo en el Perú.
“Se estaría afectando a más de 550 víctimas y a un número muy considerable de los familiares de estas y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho de conocer la verdad (…) la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.
Este proyecto de ley, que apunta a archivar los delitos de lesa humanidad cometidos ante del 1 de julio de 2002, fue impulsado por el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, congresista de la bancada Honor y Democracia.
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