Los cuestionamientos han aterrizado de todas partes contra el proyecto del congresista Waldemar Cerrón, hermano del prófugo sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, que busca formar una comisión parlamentaria para fiscalizar a jueces y fiscales.
Representantes de todos los poderes del Estado reaccionaron ante esta amenaza contra quienes precisamente comprobaron y siguen probando los delitos que el dueño de Perú Libre ha cometido.
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Para Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, este planteamiento es inconstitucional y antidemocrático.
“El proyecto refleja un espíritu totalitario de controlar a los organismos de la administración de justicia. Lo rechazamos y les decimos a los congresistas de vocación democrática que impidan la tramitación de proyectos de esta naturaleza”, indicó.
El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, también compartió su desagrado por la pretensión de su compañero.
“Él tiene derecho como congresista, pero en mi calidad de parlamentario no tengo la misma opinión, no respaldo esas iniciativas”, aseguró.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló: “No puede existir control político sobre las sentencias judiciales. Este proyecto atenta contra la Constitución”.
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