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Las escuchas telefónicas y el mercado del espionaje en el Perú

Interceptar teléfonos de forma ilegal no es imposible en el Perú, pero sí es muy costoso. Actualmente, las escuchas legales se albergan en Constelación, un sistema que trabaja en la lucha contra el crimen organizado que actualmente puede interceptar 1,000 líneas en tiempo real. Además, desde mayo del año pasado, este sistema se reforzó con un equipo que adquirió el gobierno de Ollanta Humala en 2015.

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Fecha Actualización
Interceptar teléfonos de forma ilegal no es imposible en el Perú, pero sí es muy costoso. Actualmente, las escuchas legales se albergan en Constelación, un sistema que trabaja en la lucha contra el crimen organizado que actualmente puede interceptar 1,000 líneas en tiempo real. Además, desde mayo del año pasado, este sistema se reforzó con un equipo que adquirió el gobierno de Ollanta Humala en 2015.
Sin embargo, en los últimos años, el espionaje se ha desarrollado en el país debido a la perversión de malos elementos de nuestras fuerzas del orden.
Un ejemplo de esto fue el poder que llegó a acumular desde 2010 un comandante de la Policía hoy prófugo por ejecuciones extrajudiciales: Raúl Prado Ravines.
Cuando el oficial pertenecía a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), tuvo acceso privilegiado a los equipos de geolocalización con los que contaba esa unidad. Sin embargo, la ambición y la necesidad de acumular más poder lo llevó a él y sus cómplices a localizar equipos de telefonía celular de personas ajenas a las investigaciones de la PNP. Prado Ravines comenzó a ofrecer este servicio a oficiales y a altos funcionarios del gobierno de turno, quienes se vieron seducidos por la información confidencial que obtenía el espía.
Además de la ubicación, el también cabecilla del Escuadrón de la Muerte ofrecía a sus poderosos clientes el secreto de las comunicaciones de las personas espiadas, según fuentes policiales. Esto porque Prado Ravines también fue en su momento el enlace de la PNP para agilizar la entrega de los datos tecnológicos que proporcionan, por orden judicial, las empresas operadoras de telefonía a la Policía.
Unos meses después, Prado fue descubierto, pero el coronel que lo denunció, entonces jefe de la división de secuestros, fue separado de la institución.
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El hombre de los servicios ilícitos tuvo que ser cambiado de puesto, en el cual más tarde conformaría el Escuadrón de la Muerte. Hoy se encuentra prófugo, y en la Policía afirman que su protección radica en la información que aún guarda de los clientes poderosos que en su momento lo contrataron.
LA DEMOSTRACIÓN
Perú21 consultó con altos oficiales de la Policía e institutos armados sobre la situación de los equipos de interceptación telefónica en el país. De lleno, lo primero que quisieron descartar fue que las grabaciones atribuidas a la exsecretaria de Palacio, Karem Roca, se hayan realizado con algún sistema de interceptación. Las fuentes coinciden en que Roca usó una grabadora casera que estuvo adherida muy cerca de su cuello. Es por eso que a ella se le escucha con mayor fidelidad que a sus interlocutores.
Lo que sí nos confirmaron es que existen empresas privadas extranjeras que buscan a los oficiales de Inteligencia de la Policía y las FF.AA. para ofrecer equipos de ubicación e interceptación telefónica, previa demostración. Sin embargo, un equipo de similares características al de la fotografía puede llegar a costar entre 100 mil y 500 mil dólares, y cada compra de estos debe estar regulada por la Comisión de Inteligencia del Congreso. En caso contrario, sería un ingreso ilegal de un sistema de escuchas telefónicas.
El mercado de chuponeo es muy amplio. Se ofrecen equipos Stingrays para rastreo e interceptación de celulares; también se ofrecen softwares: spyware destinados a clonar móviles, es decir, un virus que se inserta en el celular y que remite toda la información de la mensajería a un aparato externo.
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Las unidades de investigación criminal en el Perú han tratado de comprar equipos de estas características. Sin embargo, no han contado con el visto bueno de las autoridades políticas, quienes se oponen por miedo a que estos aparatos sean mal utilizados y se conviertan en equipos de chuponeo.
El último gobierno que adquirió un equipo de escuchas fue el de Ollanta Humala en 2015: un sistema israelí de la marca Verint Systems.
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