Uno de los testigos clave en el juicio contra Keiko Fujimori, como reveló Perú21 hace dos meses, no está en condiciones de salud para hablar sobre los falsos aportantes ni de la incineración de pruebas de la campaña presidencial que reveló cuando se acogió a la colaboración eficaz.
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El Tercer Juzgado Penal Colegiado resolvió ayer reservar el proceso que pesa sobre Luis Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular, al corroborarse que sufrió un accidente cerebrovascular que le provocaron daños neurológicos que ahora le impiden comunicarse y entender su situación legal.
Su abogada Yeni Vilcatoma dijo en el juicio que Mejía Lecca no puede ejercer su derecho de defensa y requirió que su caso sea archivado.
“Luis Mejía Lecca padece secuelas irreversibles a causa del accidente cerebro vascular hemorrágico que aconteció en su salud desde marzo de 2024; estas secuelas han producido afasia, afecta su entendimiento y comprensión de lo que sucede alrededor”, expresó Vilcatoma a los jueces.
El fiscal José Domingo Pérez, por su parte, dijo que estaba de acuerdo con las conclusiones médicas sobre el acusado; no obstante, se opuso a que se declarara el archivo del caso.
En su lugar, Pérez pidió que se reserve el juicio para Mejía, requerimiento que, finalmente, fue aceptado por el tribunal.
El exdirectivo fujimorista declaró en proceso de colaboración eficaz que, en 2017, luego del allanamiento fiscal a los locales de Fuerza Popular, se incineraron documentos por orden de Ana Herz de Vega, asesora y mano derecha de Keiko Fujimori.
En 2019, estando ya en prisión preventiva en el penal Castro Castro —y por autorización judicial—, fue trasladado a la oficina de su entonces abogado, Raúl Noblecilla para que entregue pruebas de los falsos aportantes.
Mejía Lecca entregó correos electrónicos a los fiscales que mostraban la coordinación de este con otros directivos de FP para ‘pitufear’ en registros los abonos que declararían ante la ONPE.
La Fiscalía extrajo cuadros de Excel en los que se leían los montos que se asignaban a cada aportante para adecuar la contabilidad.
A Fujimori y su cúpula partidaria se le acusa de haber recibido dinero ilícito para financiar sus actividades proselitistas del 2011 y 2016.
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