Juez de Ica declara improcedente liberación de Alberto Fujimori

Los reflectores apuntaron sobre él toda la mañana. Pero Vicente Fernández Tapia, magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, se tomó el tiempo que creyó prudente y se hizo esperar.

Ya los rumores sobre la posibilidad de que el expresidente Alberto Fujimori deje la prisión de Barbadillo se convertían en inminente realidad desde las primeras horas de ayer. Y mientras la bancada de Fuerza Popular exigía que le abran ya las puertas del presidio a su líder histórico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaba su preocupación ante esa probabilidad de indultar al exmandatario.

No fue sino pasada la una de la tarde que el juez Fernández dio a conocer su decisión: declarar improcedente la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 17 de marzo de 2022, en favor de la libertad del exmandatario, devolviendo todo lo actuado a esta entidad, que será la que finalmente emita un pronunciamiento sobre la ejecución de esta sentencia.  Fujimori debía continuar en prisión.

En su escrito, el magistrado señaló que no le correspondía a él ordenar la liberación del exmandatario y porque hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en sentido contrario.

“Por mandato legal corresponde al Tribunal Constitucional, más no así al Juzgado donde se originó la demanda de habeas corpus, según corresponde emitir pronunciamiento sobre la ejecución de la sentencia estimatoria contenida en la sentencia del pleno de fecha 17 de marzo de 2022, concretamente la libertad del favorecido Alberto Fujimori”, se lee en la resolución de Fernández.

La decisión del juez fue rechazada por la bancada naranja y el legislador Héctor Ventura acusó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de influir en la decisión de Fernández ejerciendo presión política. “Se ha desacatado la orden impuesta por el Tribunal Constitucional a raíz de una presión política plagada de sesgos políticos como la de la Corte IDH”, indicó indignado el fujimorista.

Elio Riera, abogado del encarcelado expresidente también cuestionó el fallo judicial y descartó que se vaya a solicitar un nuevo pedido de indulto, pues el 2021, el TC ya estableció la excarcelación de su defendido. “El problema aquí no es el indulto, sino la ejecución de la medida”. “La Corte IDH tiene que hacer prevalecer el derecho a la vida. Estamos hablando de un anciano de 85 años. Si el mensaje es que quieren que el expresidente muera, que sean valientes y lo coloquen en la resolución”, explicó el abogado.

El año pasado, el TC declaró fundado el habeas corpus presentado por la defensa de Fujimori, restituyendo el indulto revocado por el Poder Judicial el 2018. La liberación no se ejecutó por una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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