Ante la decisión de la comisión del caso Áncash de citar a ocho jueces en calidad de investigados, entre ellos Hugo Velásquez Zavaleta, quien 'limpió' a Alan García, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, enfatizó hoy que dicho poder el Estado goza de autonomía constitucional y que las resoluciones de los magistrados no pueden ser revisadas por ningún otro órgano que no sea la judicatura.
"Estamos en un Estado de derecho y la Constitución consagra en su artículo 138 que el Poder Judicial es independiente. El Congreso tiene derecho de investigar cualquier tema, sin embargo, los jueces no pueden ser citados a dar explicaciones sobre los fallos que han dictado. Quien exija una aclaración o explicación a cualquier juez está cometiendo un acto inconstitucional", afirmó Mendoza Ramírez desde Trujillo.
"Puede haber un juez que haya cometido cualquier tipo de ilegalidad que merezca una sanción, pero para ello existen procedimientos de sanción administrativa y hasta penal ya establecidos. Si en un procedimiento disciplinario se detecta delito, la OCMA pasa la investigación al Ministerio Público", añadió.
El titular del Poder Judicial reconoció que existen denuncias contra los mencionados magistrados, las mismas que se encuentran en procesos disciplinarios.
"Quiero dejar en claro que el Poder Judicial, dentro del Estado democrático en el que estamos, es un poder autónomo, por lo que no puede haber interferencia de autoridades. Si hay jueces que han caído en prevaricato, deben ser denunciados. Así de claro", enfatizó Mendoza.
Los ochos magistrados serán investigados porque, según indicó la comisión que preside Mesías Guevara, emitieron medidas cautelares que permitieron operar, al parecer de forma ilegal, a cooperativas vinculadas al empresario Rodolfo Orellana, acusado de formar parte de la red criminal de César Álvarez.