La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, lamentó que el pleno del Congreso de la República no haya aprobado la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que no alcanzó los 87 votos necesarios y que ahora deberá ser sometido a un referéndum.
En Exitosa Noticias, señaló que se trató de una “posibilidad perdida” por la clase política del Legislativo para aprobar las reformas que la ciudadanía reclama.
Asimismo, Ledesma dijo esperar que la ciudadanía mantenga una actitud vigilante frente a ciertos personajes que “buscan impunidad” llegando al Parlamento Nacional.
MIRA: Congreso aprueba la creación del distrito electoral de peruanos en el exterior
“Lamentablemente es una posibilidad que ha perdido la clase política del Congreso, por trabajar por esos cambios que la población peruana reclama y tarde o temprano, la falta de legitimidad en una democracia representativa”, expresó.
“Esperemos que la ciudadanía pueda mantener una actitud vigilante ante el accionar de figuras que se han terminado pervirtiendo y buscan impunidad frente a acciones delictivas demostradas por mandatos judiciales”, añadió la titular del TC.
Ledesma también advirtió los riesgos que generaría realizar un referéndum en el actual contexto de pandemia por el coronavirus (COVID-19) y dijo que esta acción demandará una serie de alternativas muy complejas.
“Ir a un referéndum implica varias razones complejas por el tema de la crisis sanitaria. En otras condiciones, hubiese sido una alternativa para destacar, ya que sería una participación de la población peruana, pero como se ve en la actualidad, es totalmente diferente. Se pone en riesgo un tema de salud pública”, sentenció.
Cabe recordar que el pleno del Congreso no alcanzó este sábado los 87 votos para modificar el artículo 93 de la Constitución Política y eliminar la inmunidad parlamentaria. El dictamen recibió 82 votos a favor y se necesitará un referéndum para ser ratificado.
La propuesta modificaba el artículo 93 de la Constitución señalando que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen en el ejercicio de sus funciones.