Gremios exigen liderazgo al Gobierno para luchar contra la inseguridad

Con mucha firmeza, los gremios de trabajadores y empresarios del Perú emitieron un pronunciamiento público en el que señalaron directamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y a su ministro del Interior, Víctor Torres, de no liderar la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

“Vemos un Poder Ejecutivo que, lejos de asumir su rol de liderazgo para la conducción de esta lucha, más está entretenido en temas coyunturales”, manifestó Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Además, cuestionó: “¿En este entorno podemos hablar de inversión, de recuperación económica? El Gobierno no está siendo eficaz en sus medidas. (…) No voy a decir que el ministro del Interior no está haciendo nada, pero cuando preguntamos sobre la eficacia de estas actividades contra la delincuencia, lamentablemente no están siendo efectivas. Necesitamos un liderazgo claro del Ejecutivo”.

En tanto, Luis Villanueva, secretario general de Construcción Civil, sostuvo que “en diciembre del 2023 se concretó una gran marcha nacional contra la delincuencia y por la paz. Ese día le presentamos a los tres poderes del Estado un memorial donde hacíamos unos planteamientos, pero a la fecha no ha pasado nada”.

Recordó que aquel día el ministro Torres se acercó a la marcha y se comprometió ante los gremios a convocarlos a una reunión para abordar el problema, pero esta nunca se concretó.

El presidente de la Confiep, Alfonso Bustamente, dijo que “no existe una política de Estado para contrarrestar” la criminalidad. “La señora presidenta de la República es la principal responsable de esto, con su gabinete pero también con el Congreso. (…) ¿Qué ha hecho hasta ahora el Gobierno? Parece no tener un plan estructurado. Solo ha tomado medidas populistas, como declarar estados de emergencia y el incremento de las penas. Con eso no resolvemos el problema (…) La mano dura, sin estrategia, no dará resultados”, sentenció.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, pidió que “tomen en cuenta nuestras propuestas para ejecutarlas en el plazo más breve posible”, para lo cual, indicó, se debe involucrar a los gobiernos regionales y locales reactivando los comités de vigilancia ciudadana.

LAS PROPUESTAS

Durante la conferencia presentaron una serie de propuestas. En cuanto a inseguridad, mencionaron los Centros de Flagrancia, que buscan dar una respuesta rápida a los hechos delictivos de menor complejidad, como robos de celulares y autos o las extorsiones. Estos estarían a cargo de jueces, fiscales y de la Policía Nacional.

En segundo lugar, argumentaron que es necesario “acelerar las obras por impuestos para lograr que, bajo ese marco regulatorio”, el sector privado pueda brindar mejor iluminación, sistema de videovigilancia, construcción e implementación de comisarías, así como ayudar en el mejoramiento del sistema carcelario. “Hay que incorporar en este mecanismo de obras por impuestos a los expedientes técnicos”, expresó el presidente de la Confiep.

También plantearon reforzar las labores de inteligencia, así como dotar a la Policía y al Poder Judicial de los recursos necesarios para fortalecerlos.

Asimismo, ensayaron propuestas para combatir el crimen organizado. La primera está relacionada a reforzar la vigilancia y monitoreo de data de la Policía, además de donar equipos de escucha. “Las oficinas de criminalística de la Policía necesitan ser dotadas de aparatos para extraer información”, sostuvo Julio Pérez Alván, presidente de ADEX.

También plantearon reactivar los vuelos de la Fuerza Aérea para interceptar avionetas con cocaína y oro ilegal. “Hoy, en la práctica, están en un paraíso porque nadie los controla”, refirió Minaya.

Los gremios propusieron formar un fondo de apoyo de defensa legal y hacer las modificaciones legales para proteger a los miembros de las fuerzas del orden que enfrenten a la delincuencia común y el crimen organizado. Por último, mencionaron la necesidad de reformar el Código Penal y Procesal con el fin de sancionar con dureza a las organizaciones criminales y facilitar la colaboración eficaz.

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