Siempre ha habido conflictos internos en la Fiscalía de la Nación, pero ahora se han desbordado.

Es triste y lamentable lo que trasciende hacia afuera desde el interior del Ministerio Público. Lo lamento mucho, porque, por lo menos, mientras los antiguos estuvimos ahí, siempre fue una institución muy estable y que generaba confianza en el pueblo. No sé en qué momento se perdió esto. Investigar no es perseguir. La politización de la justicia y la judicialización de la política es algo que viene desde hace mucho tiempo, pero hoy ha tomado más fuerza. Las posturas políticas de los fiscales ahora trascienden. Antes eran más cautos, más serenos. Ahora todos quieren ser estrellas. A mí no me gustaban mucho las cámaras. Por ahí me encontraban y me robaban alguna declaración, pero nunca salí a confrontarme con mis pares de otras instituciones, salvo que tuviera que reclamar algún tema presupuestal o alguna cosa de esa naturaleza. Ahí sí me ponía firme.

¿Investigar a un presidente en ejercicio será la norma?

Ahí es donde van la serenidad y la evaluación. Si es un caso que exige inmediatez y en el que hay una flagrancia, como, por ejemplo, el caso Sarratea… Y evaluando que el Congreso no tiene los mecanismos procesales como para, en el acto, hacer un tema de evidencia, la inmediata intervención y actuación se justifican. Y se envía al Congreso para que decida. Pero, en otros casos, pies de plomo. En el gobierno de Castillo hubo tantas cosas seguidas, hasta que en un momento hubo que actuar. En ese caso, el Ministerio Público cumplió un rol importante, y eso ha sido reconocido por todo el país. Que no borren con la izquierda lo que hicieron la mano derecha. Calma y reflexión. Investiguen todo lo que quieran. Ni estrellas de cine ni de TV. Fiscales nomás.

Hablemos de sus tres reuniones con el asesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva.

Según los medios, hay cuatro reuniones. Dos conmigo y dos con mi personal. Esas reuniones han sido más o menos en octubre de 2022 y luego en enero. Yo le pedí que venga una vez. En el caso de la señora Ávalos, me vino a buscar el procurador público especializado en delitos de corrupción (Javier Pacheco) que la estaba denunciando. Pero, de acuerdo con el reglamento del Congreso, él no estaba facultado o autorizado para hacer la denuncia. Por lo tanto, era necesario que un congresista la haga suya. Entonces me explicó las cosas, hicimos nuestras averiguaciones y la suscribimos. Y la misma denunciada estaba día a día en los medios de comunicación, hablando de mí. Ella decía que todos los fiscales habían investigado y archivado. Pero sí habíamos investigado. Solo se había archivado lo que ya tenía una investigación avanzada en el Congreso, porque es competencia exclusiva del Congreso. Y en otros casos que eran denuncias incoherentes, lo que preliminarmente se rechaza. Ella no explicaba eso y lo dejaba abierto con una mala intención. Cuando finalmente la citaron para que se defienda en la audiencia, yo pensaba: si se defiende técnicamente, me quedo callada; pero si sigue con esa actitud, tengo que explicar este tema y sostener la denuncia. Ahora, dicen que hemos actuado por manipulación de la fiscal de la Nación. Pero yo hice una de las denuncias. ¿Qué tenía que ver la fiscal de la Nación con el procurador? ¿Qué coincidencia hay entre las reuniones con la audiencia de la señora que fue en mayo? Ninguna.

No se discute la negociación política, sino el supuesto favorecimiento legal.

¿Qué favor legal me podrían hacer a mí? Ninguno. Un subalterno no puede venir a pedirme eso a mí. Lo habría considerado una falta de respeto. Y siempre se ha respetado a quienes han dirigido la institución. Dentro de la institución, un exfiscal de la Nación siempre tiene un sitio. Se le tienen consideración y respeto. Incluso cuando ha habido ceremonias públicas, solo hay un trato protocolar; con las justas he podido saludar a la fiscal de la Nación. Yo conozco más a algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que a la propia fiscal de la Nación. Sin embargo, no me ha parecido correcto lo que han hecho con el tema de la edad de la integrante de la JNJ. Nos encargaron investigar eso en la Comisión de Justicia. Y, buscando una ventana de justificación, más bien encontré que en su propia ley orgánica está muy claro el impedimento en la causal de inhabilidad en el ejercicio del cargo. Y lo del comunicado tiene que ver con la interferencia entre las instituciones a las que de alguna forma les toca llevar adelante procedimientos. Dígame, ¿no es lo mismo ese comunicado exhortando y direccionando que lo que habría hecho la fiscal de la Nación?

¿Y con el defensor del Pueblo?

Me tomé una semana de licencia. No recordaba por qué no había votado. Pero mi idea era abstenerme. No me gustaban los candidatos. No me parecía. Hay otro perfil para el defensor. Yo lo conozco, ha sido secretario técnico de la Comisión de Justicia de la que soy miembro. Además, él sabía. ¿En qué nos puede haber influenciado? Pueden poner un punto de vista, pueden explicar. Uno escucha y ahí se acaba. Escuchamos a todas las instituciones, pero siempre por la puerta, registrados y a la luz del día. Acá no hay nada oculto. Esta es una manipulación política.

Igual se debe investigar a la fiscal de la Nación…

Pero con base en evidencia válida. Porque lo que tienen es simple y llanamente violación del secreto de las comunicaciones. No hay un acta de incautación del celular. No existe un colaborador eficaz porque no se menciona en la resolución. No hay una entrega de teléfono. No hay peritos autorizados sobre la fidelidad de esos documentos. Son solo las tomas de uno de los interlocutores. ¿Qué dice el otro? ¿Habló solo? En el audio, por lo menos el que yo he escuchado, también habla solo y no se ve un ofrecimiento. Es medio complicado. Y ahora dicen que esto se habría hecho a condición de ascensos y caídas. Cabezas por cabezas. Dicen que la información la entregó una congresista con experiencia. ¿A cambio de qué? Entonces, ellos imputan lo que ellos mismos están haciendo con la congresista. Y veamos más adelante. No tan fácil se mancha la honra de las personas. ¿Qué hacemos nosotros en el auto (resolución) del juez? No tenemos nada que hacer. Ellos arman una organización criminal en un cuadro, pero la acompaña la fiscal y la repite el juez. Oiga, la señora Patricia Benavides ni siquiera asomaba como candidata a ser fiscal de la Nación cuando la congresista Patricia Chirinos hace la denuncia. ¿Cómo justifica eso el juez? Y, en el caso de mi denuncia, no dicen cómo la hice. ¿Cuál direccionamiento de la fiscal, si fue por una denuncia de la Procuraduría? ¿Dónde está la coherencia y la fortaleza de ese documento para que lo incorporen? Ese dato demuestra la intención dolosa de dañar a dos congresistas. En cuanto a nosotros se refiere, la pobreza de este documento es de una intención dolosa y grosera, sin fundamento. No nos pueden vincular con las fechas ni las oportunidades en que dicen que se dieron esos actos. Yo no sé lo de Chirinos, pero la he oído el otro día. Y, como buena chalaca, es abierta. ¿Por qué no se ponen los nombres de los otros congresistas que se dice fueron captados para votar contra Zoraida Ávalos? Porque votaron en contra de la inhabilitación de la exfiscal. Y, sin embargo, los ponen como argumento. ¿Los congresistas ahora estamos prohibidos de recibir a las personas? Acá se habla con N gente. Y si es un funcionario de alto nivel, suponemos que es una persona correcta. Entonces, habría que penalizar la conducta de los coordinadores parlamentarios de todas las instituciones, y no solo las públicas. No es así pues. El Ministerio Público era una institución fuerte. Y mira ahora en qué se ha convertido.

Pero esta pugna es por manejar su poder, que aún es una cuota importante.

Se dice que se estaban peleando para que Zoraida Ávalos reemplace a la actual fiscal de la Nación, pero eso es mentira. Si un fiscal de la Nación sale antes de que se cumpla su mandato, por cualquier circunstancia, entra el más antiguo, que es Pablo Sánchez. Ya dependería de él si acepta o no. Y, finalmente, ¿qué interés tendríamos en quién sea el fiscal de la Nación? El fiscal de la Nación no maneja investigaciones, salvo los desaforados y los de enriquecimiento ilícito. Pero esas son investigaciones bien preliminares para enviar al Congreso. Es el Congreso el que determina si sí o si no. Dicen que para que no entren unos o los otros, pero están por todas partes. Probablemente tener un poco más de llegada. Pero la información reservada igual se filtra. Ahora se sabe por qué tanto lloraron cuando se iba a modificar el artículo para sancionar a quienes difundían pruebas reservadas. En cambio, todo lo de Odebrecht se guardaba bajo siete llaves. Es una pugna sin sentido. Si sacan a la fiscal de la Nación, vuelve a su cargo el fiscal supremo y con más poder, porque sí tendría a cargo una fiscalía.

¿La fiscal de la Nación debería responder por un tema de transparencia? Y someterse a una investigación.

Creo que no son los actuales miembros de la JNJ quienes deben llevar a cabo esa investigación. Esa función sería incompatible. Estarían violando el principio de objetividad y de imparcialidad que se debe tener en toda investigación. Hay una confrontación entre ambas instituciones e incluso acciones legales, amparos de un lado y del otro lado. Si la persona investigada hubiera tratado de influenciar para que una persona sea separada del cargo, ¿cómo puede esa persona encargarse de la investigación? Solo el sentido común nos dice que eso no es correcto. Ahora, el entendido de leyes sabe que está expresamente prohibido en la Ley Orgánica de la JNJ. Y si ese es un impedimento legal, y si mañana te quiere investigar por eso… dígame usted, ¿no se estaría viciando el procedimiento? Es la misma presidenta la que hace el informe, la que representa la institución. ¿Qué es lo que se está haciendo acá, Dios mío? Por eso serenidad, cordura y madurez. Yo pensaría que en este caso debería llamarse a los suplentes. Inhibirse del conocimiento de la causa y llamar a los suplentes de la JNJ. Y que sean ellos los que lleven adelante la investigación. Y no sé por qué tan inmediata, si es incipiente a la otra investigación. Hay un ánimo de sacar a fiscales de la Nación. Si usted hace un análisis político, ¿esta es la consecuencia de qué? De una actuación de la fiscal de la Nación. Buena, mala, inadecuada, inoportuna… Como para pensarlo. Hace una denuncia y tiene una respuesta. ¿Quién remite las capturas de un celular? ¿No será alguno de los denunciados? Muchos tendrán que dar explicaciones cuando todo salga a la luz.

¿Por qué la fiscal de la Nación saca en ese momento la denuncia constitucional contra la presidenta y el premier?

A veces no nos serenamos, no analizamos, no reflexionamos y nos lanzamos. Sin embargo, del otro lado, debo suponer que hay algo mucho más grande que eso que la llevó a tomar esa decisión. Pero estamos especulando y eso no es bueno. Cuando uno es fiscal de la Nación, se presentan muchísimas cosas complicadas. Entonces, hay que tener un poco de cabeza fría, respirar un poco y luego tomar una decisión. Puede haber muchas voces que nos digan esto o el otro, pero eso se deja de lado porque la decisión es nuestra, y hay que analizarla en todas las aristas del país. Si buscan desestabilizar al Ministerio Público, están buscando desestabilizar al país.

El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado sobre el caso Fujimori. ¿Qué podría pasar, política y legalmente hablando?

Lo he dicho varias veces. Es un hombre enfermo y de avanzada edad. Ha cumplido ya varios años de cárcel. El odio y la venganza no son propios de una civilización moderna en la que los derechos humanos y el humanismo deben primar. Las penas no están para satisfacer venganzas personales o de grupos particulares, sino para resocializar a la persona que cometió el ilícito. Bastantes años ha pasado en la cárcel este señor. Por tanto, creo que debería dársele la libertad. Además, desde el punto de vista legal, el presidente le dio un indulto dentro de sus competencias funcionales constitucionalmente asignadas. Y si la Constitución le asigna la potestad del indulto a un presidente, ¿quién por encima de la Constitución que diga que no? La Comisión de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos no tienen por qué interferir en los asuntos internos del país. Y eso está debidamente especificado en sus propios estatutos. Aquí no hay proceso. No hay nada. Es un indulto. Se acabó. Eso se cumple. Pero le buscaron lo de lesa humanidad. Pero, cuando cometieron los hechos que se le atribuyen, nosotros todavía no habíamos suscrito la Convención (Estatuto) de Roma, no era aplicable en el Perú. Y las leyes no tienen ni efecto ni carácter retroactivo. Por tanto, seamos justos si es que queremos que también con nosotros lo sean. Seamos honestos si queremos que los demás sean honestos con nosotros. No nos erijamos en jueces para que mañana no seamos juzgados. Por lo menos son las reglas del cristianismo.

Más allá de estar a favor o en contra del indulto, la liberación de Fujimori es gasolina para la marcha que conmemora el golpe del 7 de diciembre.

En política dicen que siempre funciona la oportunidad y la conveniencia. En justicia no se analiza eso. Hubo un procedimiento, llegó su momento y el TC se ha pronunciado. Bueno, yo le diría que también se pronuncie en la solicitud del Congreso sobre la JNJ que está ahí pendiente de resolver, como también el Poder Judicial tiene otra que resolver. Entonces, mientras uno duerme, aunque políticamente es oportuno y conveniente para zanjar todas estas cosas; sin embargo, se dilata. Pero, bueno, razones habrá; trabajo excesivo seguramente también. Hay que entenderlo por el lado positivo. No tenemos apuro. El apuro es del país.

¿Qué les diría a los deudos del gobierno de Alberto Fujimori?

Decirles que la justicia de los hombres cumplió su función. Esa justicia solamente tiene un parámetro de revisión a través de algunas autoridades, y eso se ha hecho en la Constitución que fue aprobada por el pueblo. Esa posibilidad de que sea dejada sin efecto se la dieron al presidente de la República y al Congreso de la República, uno a través del indulto y el otro a través de la amnistía. La amnistía es general y el indulto es personal. Si en esos casos se da, pues admitamos que vivimos en un Estado de derecho y que la Constitución y las leyes se cumplen. Se dio el indulto y que se cumpla. Desde otro punto de vista, le diría al pueblo esto: señores, no vivamos de odios. No transmitamos ni inyectemos odio en las generaciones que vienen. Infundamos respeto a las leyes, amor, humanismo, compromiso y responsabilidad. Y sobre todo respeto: hacia ti mismo y hacia los demás.

Fue atacada por el terrorismo.

En más de una vez. Mi casa bombardeada, ataques personales. Y me tocó ser fiscal penal y conocer los casos de terrorismo. Y nunca fui capaz de decir un milímetro más o un milímetro menos. Cuando había que darlo, la ley lo dice y ahí está. No podemos vivir envenenándonos nosotros mismos, porque nos convertimos en piezas negativas para la sociedad. No aportamos: restamos. No les damos a los demás, les quitamos la oportunidad de ver las cosas desde otras dimensiones, desde una dimensión más grande que es la de la convivencia pacífica. ¿Por qué no somos tan severos con la delincuencia común? ¿Por qué no somos tan severos con los violadores o con los que matan por robar un celular?

Más fuerte es el odio político que el odio a la delincuencia común.

No, de ninguna manera. Y para eso están los ciudadanos de bien: para ponernos fuertes, firmes y analizar las cosas. Para revisar y poner las piezas en su lugar. Y no dejarse manipular. Ahora tenemos que apostar por el país. Hay que poner el hombro, lo cual no significa que cerremos los ojos ante las cosas que no están bien.