El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, nos recibió el último jueves en el piso 9 del edificio principal del Ministerio Público. Desde allí dirige la institución que en las últimas semanas ha estado en la mira de los ministros de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso.
¿Qué ha aprendido, en más de medio año, al mando de la Fiscalía de la Nación?
Experiencia. Asumir esta responsabilidad no es fácil. Nuestra función es investigar el delito y, en muchos casos, a altos funcionarios. Y ya vemos lo que viene ocurriendo: se entorpece la función.
¿Se imaginó que iba a tener tantos enemigos en tan pocos meses?
No tenemos ningún enemigo. Esa palabra salió de un audio del abogado de la presidenta que decía que mi adjunto y yo éramos los enemigos. Luego, el ministro de Interior comenzó a decir: “Los enemigos de la ciudadanía son los fiscales”. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué nos consideran enemigos, yo únicamente indico que, si así nos consideran, era preferible tampoco ser amigo de ellos. En principio, los fiscales no pueden ser amigos de quienes van a investigar. Eso no implica ser enemigos tampoco, porque uno tiene que actuar con objetividad, observando el debido proceso y conforme a sus funciones.
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El premier Gustavo Adrianzén ha dicho que, por el hecho de no ser amigos, el Gobierno no puede combatir el crimen organizado junto a la Fiscalía.
En lo absoluto. Quien habla ha participado en varias reuniones donde ha estado el premier, el ministro del Interior, también el presidente del Poder Judicial. Hemos hecho coordinaciones, expresado nuestra posición sobre varios motivos, por ejemplo, el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia o el tema de la implementación de la flagrancia. Dijeron que hay que llamar al señor ministro de Economía para que sepa que se necesitan recursos, pero hasta hoy no llegan los recursos. El 9 de enero se quedó en que se iban a dar recursos para que las instituciones pudieran cumplir por lo menos tres objetivos prioritarios. Estamos prácticamente por empezar septiembre y no se nos han dado los recursos.
El presidente del Poder Judicial hablaba de dotar presupuesto a las unidades de flagrancia en donde se resuelven de manera inmediata algunos casos. ¿Estas son una solución al problema de la delincuencia?
Los procesos inmediatos son para casos sencillos: omisión de asistencia familiar, tenencia, conducción en estado de ebriedad, delitos culposos, hurto simple. Si es muy grave la pena, un robo agravado, un homicidio calificado, un feminicidio, no podemos llevar un proceso de esa naturaleza al proceso inmediato, menos con flagrancia, porque son penas considerables y tienen que estar sometidas a un proceso común, ya que tiene mayores garantías. Un proceso inmediato, si hablamos de flagrancia, debemos tener en las 48 horas de detención las pericias, pero no hay peritos, no hay insumos. ¿Usted cree que a la Policía, que le quieren dar la investigación preliminar, le van a dar presupuesto?
La Fiscalía de la Nación pidió la nulidad de la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. —que para el JNE no tiene relación con el sentenciado Antauro Humala—. ¿Ya tienen una respuesta del Poder Judicial?
Son dos etapas diferentes. Una cosa es la inscripción que lleva a cabo el Jurado Nacional de Elecciones, que está sometido a determinados requisitos. Lo que establece la ley es respecto a las actividades de esa organización. Si en esas actividades comete actos antidemocráticos, puede pedirse su disolución, cerrar sus locales. Se ha hecho una previa investigación; hemos visto qué vincula al señor Antauro Humala con esta agrupación, cuáles son los antecedentes y de qué forma sus dirigentes y este señor podrían haber violado la ley. Con esto, hemos presentado la demanda al Poder Judicial. Entendemos que no nos han notificado, pero ya se habría derivado a la Sala Penal Constitucional y sería sometido a un proceso constitucional.
¿En cuánto tiempo se conocerá el desenlace de su pedido?
Lo óptimo para la ciudadanía y la democracia es que el Poder Judicial dé una respuesta célere.
Hace una semana entrevisté al exembajador Harold Forsyth porque, junto a otros ciudadanos, envió una denuncia a la Corte Penal Internacional alegando inacción en la investigación que se hace en el país por la muerte de personas durante las protestas que buscaban la restitución de Pedro Castillo. “No eran suficientes las buenas intenciones de la Fiscalía”, alegaba. ¿Tenemos que ir a una instancia internacional para conocer la verdad de estos hechos?
Lo que puedo decir es que no se trata de intenciones, el Ministerio público ha hecho las investigaciones. En el equipo de fiscales abocados a investigar las protestas (Eficavip) están las estadísticas, los investigados, los hechos, los departamentos, todo el detalle; entiendo que 18 ya están judicializadas. Pero, a la vez, hay altos funcionarios que también tendrían responsabilidad; la Fiscalía de la Nación ha hecho también las investigaciones. Hemos hecho las evaluaciones correspondientes y también, observando el debido proceso y escuchando a la defensa de la presidenta y de los demás ministros involucrados, hemos presentado la denuncia constitucional. Nosotros no nos guardamos la investigación.
¿Y por qué cree que estos ciudadanos denuncian, en fueros internacionales ‘inacción’?
Tendrán sus razones, pero nuestra denuncia tiene 1,888 folios, y los folios acompañados son más de 20,000. Se está haciendo la investigación con respecto a 44 fallecidos y 116 lesionados. Indicamos ahí que, de esos 116, los lesionados por proyectil de arma de fuego son 78.
¿Tiene alguna restricción el hecho de ser fiscal de la Nación interino?
En lo absoluto. Tuve que asumir la responsabilidad; solamente que concluido el proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia, si es que fuera a ratificar la decisión de destitución (de Patricia Benavides), se convocará inmediatamente a elegir al fiscal de la Nación para el período que corresponda.
Le pregunto esto porque el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en cada entrevista que da repite la palabra ‘interino’ para referirse a usted de manera negativa.
No tengo ningún problema con eso porque en esencia soy un fiscal interino, pero en absoluto restringe mis funciones, ni me molesta ni me incomoda.
Esta semana, también, el premier ha dicho que “con gran frecuencia vemos que el Ministerio Público libera delincuentes capturados por la Policía. Ojo con la frase “con gran frecuencia”. ¿Cómo rebate eso?
El premier, día a día, dice que no está a favor de las prisiones preventivas y, para eso, el Ejecutivo ha emitido decretos legislativos y se han preocupado por flexibilizar la posibilidad de que se pidan prisiones preventivas. Antes, para pedir una prisión preventiva, el fiscal tenía que sustentar como uno de los elementos una prognosis de pena mayor de 4 años, porque también una pena mayor de 4 años normalmente era efectiva. Pero qué hizo este régimen? Dijeron “no”. Para la prisión preventiva ahora hay que exigir 5 años. Y lo más grave es que una condena que se imponga, antes más de 4 años era efectiva, hoy ya no lo es. Incluso, una sentencia puede ser condicional teniendo una condena de hasta 8 años de pena privativa de la libertad. Por ejemplo, delitos de tenencia ilegal de armas antes, normalmente, era detención y probablemente una condena efectiva; hoy no puede ser objeto de una condena efectiva por las normas que ha sacado este Gobierno. La prisión preventiva exige 5 años de pena. Si lo pedimos y no cumplimos con esos requisitos, entonces se echará la culpa al juez: el juez lo liberó. Y si el fiscal dice: “No voy a pedir porque la ley no me permite”, entonces el fiscal tiene una culpa. ¿Pero quién modificó las leyes? Antes había exclusiones para delitos de función: cohecho, peculado, malversación. ¿Así se lucha contra la corrupción?
Esos delitos de función que menciona son los que reportamos a diario cuando de investigaciones a funcionarios públicos se trata.
En el caso ‘mochasueldos’ a los congresistas se le imputa concusión, en algunos colusión; entonces, ahora ya no hay prisión preventiva y no habrá una condena a pena efectiva, no nos dan los recursos, y tampoco cumplen con su obligación. Seguramente, quieren distraer para que no les recuerden, día a día, que van más de 300 días y no capturan al prófugo más famoso.
Vladimir Cerrón Rojas.
¿No?
El Congreso busca crear una Comisión de Fiscalización a Jueces y Fiscales. ¿Cómo toma eso?
Seguramente, pues, para querer presionarnos o someternos. Hay varios pronunciamientos indicando que esto es inconstitucional, que además hay órganos a los que les corresponde realizar justamente eso: la Junta Nacional de Justicia y también los órganos de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial. Si hay una inconducta de un fiscal provisional, dejamos sin efecto su designación.
¿Se le quitan facultades al Ministerio Público con la propuesta de darle a la Policía el control de las investigaciones preliminares?
Si hablamos de la Constitución del año 93, ¿en algún momento la Policía ha tenido la conducción de la investigación del delito, para que digan que se le está devolviendo? El inciso cuarto del artículo 159 dice: “El Ministerio Público tiene la atribución de conducir la investigación del delito desde su inicio”. Es decir, cuando hay una noticia criminal, que la policía recibe por llamada telefónica o porque se concurre a la comisaría, inmediatamente el policía tiene que comunicar al fiscal para que dirija esa investigación y encargue qué diligencias hacer, porque el fiscal tiene la carga de la prueba; él es quien va a ir a sostener ante el juez esa pretensión penal pidiendo la pena. Somos titulares de la acción penal y perseguimos el delito. La policía trabaja debidamente con los fiscales, se les instruye y se les capacita. Exigimos, por ejemplo, que las actas sean debidamente llenadas con todas las formalidades para que no puedan ser excluidas.
Desde el lado de la Policía sostienen que eso último o es burocracia, o que los fiscales no llegan a tiempo, o son los policías quienes tienen que iniciar las diligencias.
He tenido varias reuniones con comisarios y les he explicado por qué es necesario que el acta esté bien hecha. Porque si tiene defectos, omisiones o aspectos que puedan cuestionarse, ayudamos al imputado, porque va a pedir judicialmente que se excluya esta prueba. Entonces, hay que instruir al policía.
Lo más probable es que esta iniciativa se termine aprobando.
A inicios de año el Ejecutivo emitió decretos legislativos que tienen esta misma finalidad: restarle funciones al Ministerio Público, quitarle atribuciones. Nosotros hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad con estos decretos legislativos, esa demanda ha sido admitida. En estos días el Ejecutivo contestará la demanda y el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse.
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¿Se presentará alguna demanda de inconstitucionalidad a la reforma de la ley de crimen organizado a la que Vladimir Cerrón quiso acogerse? ¿O solo se apelará al criterio de los jueces?
En el Ministerio Público también se está adoptando ese tipo de posiciones. Pero también los jueces, hay muy buenos jueces que también hacen un buen análisis, que también defienden el Estado constitucional y hay esos procedimientos. Yo estoy seguro de que los jueces van a seguir en ese mismo sentido y nosotros también por nuestra parte. Hay un acuerdo para presentar una demanda de inconstitucionalidad en ese aspecto y estamos trabajando en el tema.
Después de haber conocido el caso ‘Rolex’ y de haber presentado una denuncia constitucional, cuál cree que es el futuro judicial de la presidenta Dina Boluarte?
Nosotros presentamos denuncias, 35 a la fecha contra los funcionarios, congresistas, ministros, exministros, excongresistas, jueces supremos, presidentes y expresidentes, porque nos corresponde investigar ello. Todas tienen el sustento debido, se presentan luego de una investigación, observando el debido proceso con la participación de la defensa. Una vez que la presidenta concluya su mandato, el caso tiene que seguir.
¿Le gustaría quedarse al mando del Ministerio Público?
No creo que se trate de gusto. Acá somos cuatro fiscales supremos titulares, dos de ellos ya han sido fiscales de la Nación. Y en su momento, cuando tenga que convocarse a una Junta de Fiscales Supremos para tomar esa decisión, seguramente se tomará la mejor decisión. Lo que sí puedo decir es que mientras esté en el cargo, sea interino, voy a cumplir con mi función. Y si por ahí me toca continuar, por supuesto, seguiría haciéndolo de la misma forma.
TENGA EN CUENTA
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Juan Carlos Villena (56) nació en Juliaca (Puno), es abogado y doctor por la Universidad de San Martín de Porres e ingresó al Ministerio Público en 1994, en la sede de Arequipa.
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El titular del Ministerio Público dijo a Perú21 que la Fiscalía ha investigado el partido A.N.T.A.U.R.O. para presentar la demanda ante el Poder Judicial. “Hemos visto lo que se vincula con el señor Antauro Humala, cuáles son los antecedentes y de qué forma sus dirigentes y este señor podrían haber violado la ley, o qué actividades antidemocráticas habrían cometido”, sostuvo.
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