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Fiscalía pide al PJ que declare la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O

Por vulnerar las libertades y derechos fundamentales y los principios democráticos.

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ANTAURO
Fecha Actualización

El Ministerio Público presentó hoy una demanda ante la Presidencia de la Corte Suprema para que declare la ilegalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitario Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) por vulnerar derechos fundamentales.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales considera que las actividades de la organización política "son contrarias a los principios democráticos".

"(Sus acciones) Vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón (comunidad LGTBIGQ+ e inmigrantes", se lee.


Además, se requiere al titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, que se cancele la inscripción de A.N.T.A.U.R.O, se disponga el cierrer de sus locales y se impida una posible reinscripción del partido, así como se inhabilite a quienes integren la cadena de mando "que resulten responsables por la conducta antidemocrática cometida por la organización demandada".

El exconvicto Antauro Humala, condenado por el asesinato de policías durante el 'Andahuaylazo, es el líder político de esa tienda política con pretensiones de ser candidato presidencial en 2026.

El pasado 22 de febrero, en una entrevista con Bethel Radio expresó que para “moralizar a las Fuerzas Armadas” hay dos métodos, uno que “cuesta US$8,000 millones de dólares” y otro que “te cuesta dos cacerinas, porque fusilándose a dos generales y tres coroneles el Ejército en tres días se pone operativo”.
 

Cuando el entrevistador le consultó si deseaba cerrar el Congreso, Antauro respondió que sí, y que “un comandante general debería dar un golpe de Estado no anodino”.

El artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas señala que “la Corte Suprema de Justicia, a pedido del fiscal de la Nación o el defensor del Pueblo (...) podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos”.