La fiscal Rocío Sánchez, quien investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto, responsabilizó hoy al Parlamento por la decisión de la justicia española de excluir el delito de organización criminal al aprobar la extradición del exjuez César Hinostroza Pariachi.
"El Congreso debe asumir esa responsabilidad porque es el que define los hechos materia de investigación", manifestó a Perú21.
La Audiencia Nacional española accedió a la repatriación del exmagistrado por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Pero no aceptó la imputación por organización criminal, el delito que tiene una pena mayor.
En la resolución, la sala indica que, como lo ha planteado el Estado peruano, "no se identifca a una auténtica organización criminal". Y seguidamente, explica que ello se debe a que el Legislativo "no ha acusado a los exconsejeros" por el mismo delito que a Hinostroza.
Los exconsejeros referidos son Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila y Orlando Velázquez. La función de ellos era nombrar y ratificar a jueces y fiscales del país.
El Congreso aprobó investigar por el delito de cohecho pasivo específico a Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez; mientras que por patrocinio ilegal a Noguera y Aguila
"El Parlamento de la Nación no ha acusado a los exconsejeros por el delito de organización criminal, sino tan solo al reclamado (César Hinostroza)", se lee en el documento al que accedió este diario.
En ese sentido, la fiscal Sánchez insistió en que el Parlamento debe responder por esta resolución. "¿Por qué el congreso no quiso que se investiguen a los exconsejeros por organización criminal? El fin de la organización es el copamiento del sistema de justicia y para ello se necesita de la participación de los consejeros", refirió.
"Los consejeros son los únicos que nombran y aprueban los destaques que hace el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, así como ratifica o no a jueces y fiscales; todo ello se realizaba organizadamente bajo la dirección de Hinostroza (...) La organización fue recortada por el Congreso", argumentó Sánchez.
Fuentes del Ejecutivo indicaron a Perú21 que evaluarán si presentarán apelación a la decisión judicial, ya que preocupa que no se haya admitido el delito de organización criminal.