La entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, designó a Pedro Chávarry como fiscal ad hoc para que conozca, en segunda instancia, las denuncias por los “hechos vandálicos ocurridos el 28 de julio de 2000 en la ciudad de Lima”.
Estos hechos a los que se refería Colán en la resolución 505-2000, de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, son referentes a la Marcha de los Cuatro Suyos planificada por organizaciones civiles y encabezada por el entonces dirigente de Perú Posible, Alejandro Toledo.
La investigación principal fue realizada por la Dirección Nacional de Seguridad del Estado, que en agosto de 2000 denunció a Toledo, al ahora congresista Carlos Bruce y al escritor Álvaro Vargas Llosa por haber organizado los “hechos vandálicos ocurridos el 28 de julio de 2000” en Lima.
La acusación policial fue recogida por la Fiscalía de entonces, que denunció a los organizadores y, de inmediato, el Poder Judicial les abrió proceso junto a 155 participantes más.
Según el archivo periodístico de la época, los denunciados señalaron que la Fiscalía se negó a recibir sus quejas sobre el maltrato policial del que fueron víctimas, a pesar de las huellas de los golpes.