SIN CURUL. La expremier Betssy Chávez fue suspendida, el 23 de marzo último, de sus funciones en el Congreso. (Foto: Difusión)
SIN CURUL. La expremier Betssy Chávez fue suspendida, el 23 de marzo último, de sus funciones en el Congreso. (Foto: Difusión)

El juez supremo Juan Carlos Checkley decidió no otorgarle los 18 meses de detención preventiva a la expremier Betssy Chávez y a los exministros del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, que fueron solicitados por la Fiscalía, pese a que presentó pruebas de que los tres cometieron los presuntos delitos de rebelión y conspiración en perjuicio del Estado peruano, durante su participación en el frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo, hecho ocurrido el 7 de diciembre pasado.

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En la audiencia realizada hoy, el juez Checkley dijo que no encontró indicios de peligro de fuga de Chávez, Huerta ni Sánchez para imponerles detención preventiva. Sin embargo, les dio medidas restrictivas, como presentarse cada 30 días a su despacho.

El magistrado impuso el pago de caución económica de 100 mil soles para Chávez; para Huerta, 80 mil soles; y para Sánchez, 50 mil soles.

La Fiscalía solicitó la detención preventiva contra porque consideraba que era necesario porque no contaba con arraigo domiciliario, laboral y familiar, como por ejemplo que es soltera y no tiene hijos.

No obstante, el juez consideró que cuando el expresidente Castillo leyó el mensaje a la Nación, en el que dio el golpe de Estado, solo estuvieron en el despacho la expremier y el ministro Huerta, pero no Sánchez, quien se encontraba en una sala contigua junto al exministro de Trabajo,

Para la Fiscalía, sin embargo, la expremier participó en el intento golpista y aprobó la decisión de Castillo de quebrar el orden constitucional en el país. La extitular de la PCM, junto a Huerta, Sánchez y Aníbal Torres, el entonces asesor presidencial, sabían del mensaje a la Nación que iba a dar el expresidente, en el que anunció, entre otras medidas el cierre del Congreso, según señaló la fiscal adjunta suprema provisional Galinka Meza Salas, el pasado 20 de abril, durante su sustento de solicitud de cárcel preventiva contra los tres involucrados.

Los tres denunciados negaron, durante su presentación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que conocían lo que iba a decir el exmandatario. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas que Huerta y Chávez estuvieron en el despacho cuando Castillo dio el golpe de Estado.

El pasado 23 de marzo, el Pleno del Congreso solo suspendió de sus funciones parlamentarias a Betssy Chávez, pero no a Roberto Sánchez.

La expremier ha señalado que resulta contradictorio y criticable sustentar su detención en argumentos de esa índole, y ha señalado que realiza actividades laborales que prueban su arraigo y que demostrarían que no tiene intención de fugar de la acción de la justicia.


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