Una nueva modalidad de violencia contra las mujeres que no se encuentra tipificada en el Código Penal peruano ha ido cobrando fuerza. Se trata del acoso judicial, ejercido por la parte denunciante en casos de violencia familiar, sexual y otros. A fines de abril la Defensoría del Pueblo presentó el informe Nº 001-2021-DP/ADM/MA, en el que alerta sobre esta estrategia que se usa para hostilizar y desgastar física y emocionalmente a las mujeres. El reto de frenar este flagelo recaerá en el próximo gobierno, que debe poner énfasis en la protección de mujeres víctimas de violencia.
Así lo señaló Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, quien mostró su preocupación ante la invisibilización de esta problemática en los últimos años.
“El acoso judicial es una conducta de los agresores que consiste en presentar denuncias contra su denunciante. Hemos encontrado casos de mujeres que ponen una sola denuncia por pensión de alimentos y terminan afrontando 18 procesos en su contra, por difamación, entre otras denuncias que buscan obstaculizar el proceso y cansar a la víctima”, explicó a Perú21.
La abogada hizo un llamado a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre), para que consideren propuestas de control sobre los casos de violencia que maneja el Poder Judicial.
“Lo que produce esta mala práctica es saturar aún más el sistema de justicia. En lugar de tener un proceso, tenemos 20 o 28 procesos con los mismos actores por diferentes delitos en diferentes juzgados. Si esta figura fuera regulada en alguna norma, se podría disminuir la carga procesal en casos de violencia. Esto debería estar en agenda”, manifestó.
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Sarmiento sostuvo que dicho control podría ejercerse a través del registro único de víctimas, que ya existe en Perú y está en proceso de implementación. “Esto lograría que, una vez que una mujer ingrese al sistema, su caso sea visto como una sola historia y no se desagregue, es decir, que se acumulen las denuncias en el mismo caso”, indicó.
En su plan de gobierno, Perú Libre no contempla el enfoque de género en ningún ámbito. Durante su paso por la selva, el candidato Castillo señaló que este no será prioridad de su gobierno. Lo mismo sucede con Fujimori, quien señaló que eliminará el mal llamado “enfoque de ideología de género” el pasado 1 de mayo, en Chota (Cajamarca).
Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) exhortó a ambos aspirantes a la Presidencia a garantizar la continuidad del enfoque de género sobre todo a nivel judicial, a fin de priorizar la atención y protección de las víctimas de violencia.
Cynthia Silva, directora II de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del Ministerio de la Mujer, dijo que es importante mantener y fortalecer los avances en políticas públicas con enfoque de género.
“Es importante que todos los que postulen a un cargo público, especialmente los candidatos al Ejecutivo, puedan comprometerse en que habrá mayores avances en la perspectiva real del enfoque de género, en especial en el acceso a la justicia y a servicios de salud”, refirió a este medio.
Una de las medidas inmediatas que sugirió tomar en cuenta para la próxima gestión es fortalecer el Sistema Nacional de Justicia Especializado para la Protección y Sanción de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
“Es indispensable contar con el servicio para atender casos de violencia y que, además, pueda ser un servicio que atienda a las mujeres sin juzgarlas y que pueda investigar casos que merecen sanción y exposición”, sostuvo.
Agregó que “es importante que estas políticas públicas y el reforzamiento del sistema no se queden dormidas porque entra un gobierno que no les da la importancia debida”.