La demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte, para anular la denuncia constitucional en su contra, enviada al Congreso por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, fue rechazada ayer en segunda instancia por el Poder Judicial (PJ).
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Cinco meses después de su declaración en el Ministerio Público, el 27 de noviembre de 2023, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides envió al Congreso la denuncia constitucional contra la jefa de Estado por la referida causa.
Sin embargo, en la tarde de ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) rechazó el informe que pedía admitir a trámite la referida denuncia constitucional presentada por Benavides contra Boluarte.
El informe tendrá que ser revisado ahora en la Comisión Permanente. Si en esa instancia también es rechazado, el caso sería archivado.
Con respecto al caso Rolex, a la jefa de Estado no le fue bien en el Parlamento. La SAC aprobó la admisión a trámite de una segunda denuncia constitucional, por el caso Rolex, que tiene Boluarte en esa instancia.
De esta forma, la mandataria queda nuevamente en manos de la Permanente, que decidirá si admite o rechaza el informe.
La expresidenta del TC Marianella Ledesma dijo a Perú21 que la jefa de Estado “tiene una protección al ejercicio de su labor, para no ser pasible de acusación constitucional en tanto ejerce el cargo, situación que se activará al cese de esa función”.
“Ese es el límite de la actuación de la investigación por el Ministerio Público, por tanto, en tanto no se llegue a acusación constitucional alguna, toda actividad orientada a la investigación penal estará plenamente habilitada para su actuación”, añadió la exmagistrada.