La narrativa de la izquierda ha sido muy tirada de los pelos.

La portátil castillista en medios y redes sociales se ha esforzado en justificar la agresión a la presidenta Dina Boluarte. Dentro de su razonamiento, toda violencia tiene causas comprensibles y razonables. Más aún si viene de la mano de dos mujeres percibidas como víctimas: Ruth Bárcena e Hilaria Ayme. “La víctima es el héroe de nuestro tiempo”, explica el ensayista Daniel Gigliogli. “La víctima es irresponsable porque no ha hecho: le han hecho”, escribe Giglioli en su libro Crítica de la víctima. “La víctima no necesita justificarse. Y ese es el sueño del poder.” Es el victimismo que tan bien le funcionó a Pedro Castillo, ahora aplicado a todo el sur del Perú.

No fue un ataque espontáneo. En junio de 2023, ante la visita de la presidenta, la Asociación de Víctimas de Ayacucho que preside Bárcena organizó una protesta en la ciudad de Ayacucho. Pero aquella vez Boluarte salió por Chiara (Sachabamba), adonde había ido para inaugurar una obra.

Recientemente, sendos informes de inteligencia de la DIRIN y de la DINI habían advertido los riesgos de viajar a Ayacucho.

El discurso de la Asociación de Víctimas de Ayacucho es que Boluarte no ha pedido perdón, lo que es falso. “No me escuchaba”, le explicó Bárcena a Exitosa. “¿De qué manera logré que me escuche? Agarrándola de la blusa y le dije: Sra. Dina, escúcheme, por causa de usted, murió mi esposo. Aquí estoy pidiendo justicia por mi esposo, necesito ser escuchada, necesito que llegue la justicia por el asesinato de mi esposo. Es un año y un mes que estoy esperando”. Sin embargo, las imágenes muestran otra historia. Una toma amplia revela cómo Bárcena y Ayme se agazapan debajo de la pala de un buldócer, esperando el momento preciso. Bárcena sonríe y levanta una mano, como saludando a alguien. Súbitamente corre hacia la presidenta y la jala de la ropa. Ayme hace lo propio, jalándole el cabello por detrás. Una agresión claramente coordinada.

La izquierda ha estirado el razonamiento para justificar la afrenta. Toda violencia es explicada por un contexto, dicen. Una excusa tan elástica como lo permite la narrativa, que puede retroceder hasta las revueltas pro-Castillo, el terrorismo en Ayacucho o la Conquista española, lo que venga en gana. Un discurso incompleto, además, porque olvida interesadamente los repetidos intentos de tomas de aeropuertos, los incendios en comisarías y los demás actos subversivos durante las revueltas pro-Castillo de fines de 2022 e inicios de 2023.

Luis Durán, presidente del Partido Morado, por ejemplo, confirmó el viraje zurdo de su agrupación soslayando la agresión a la presidenta. Una postura consecuente con la defensa del sujeto que le dejó el ojo morado a un congresista y con la histórica línea de Daniel Mora.

La expremier Mirtha Vásquez fue más allá. “En el Perú deberíamos empezar a discutir la aplicación del llamado ‘delito provocado’, en cuyo caso la responsabilidad debe recaer sobre la persona que, con su conducta, incita y provoca la reacción ilegítima de otro”, tuiteó en defensa del ataque al alimón.

Un razonamiento que explica cómo funciona el Perú de estos tiempos. Los turistas no deben provocar a los cusqueños entrando a Machu Picchu. Las mujeres no deben provocar a los agresores caminando por calles peligrosas. Ya se sabe: en el Perú de hoy, solo prevalece una ley: la de la calle. No importa si son los mineros ilegales que vuelan una torre en Pataz, la turba que busca linchar a seis militares que mueren ahogados en Ilave o los subversivos que tomaron el aeropuerto de Huancabamba (Apurímac) con 50 rehenes y luego lo quemaron. Es “la era de la protesta perpetua”, como dice la politóloga Devashree Gupta.

Ni el discurso victimista ni el de género parecen aplicarse al caso Dina Boluarte. “Dina, no representas a las mujeres”, dijo alguna vez Mirtha Vásquez. Por eso ella no puede escudarse en el mantra “y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”. Eso se trae abajo la teoría del ataque armado. Boluarte no puede victimizarse. Y por eso hizo bien en pedir que se retiren las denuncias, evitando que ambas mujeres se victimicen frente a la opinión pública porque tampoco es casual que ambas agresoras sean mujeres. Como explicó en mayo de 2023 Glatzer Tuesta, Dina Boluarte “ni es quechuahablante, ni es provinciana, ni es mujer, ni es presidenta. Todo eso lo utiliza para simular que gobierna…”.

La ideología se ha impuesto a la realidad.

LA PRESIDENCIA Y EL SUR

Boluarte no es la primera presidenta bajo ataque. Una piedra impactó el ojo izquierdo del general Manuel A. Odría en Huancayo. Otra piedra hizo sangrar la frente de Francisco Morales Bermúdez en un mitin en Arequipa. Y, en el 2000, Arequipa recibió a Fujimori a tomatazos. Todos fueron objetos lanzados a cierta distancia. Lo de Boluarte destaca por lo endeble de su seguridad, casi tanto como su jaloneada figura presidencial.

A pesar de ello, Boluarte encarna a la nación. Y, aunque su representación simbólica esté en cuestión, su representación política no puede admitir dudas en un país democrático. Mal hace el expresidente Vizcarra al relativizar su condena al ataque, y no solo porque tiene techo de vidrio. De un tiempo a esta parte, los ataques a políticos en la vía pública e incluso en sus casas se ha vuelto una lamentable tradición. Quien esté libre de ello que tire la primera piedra. Y que la reciba.

Los familiares de las víctimas en Puno ya han adelantado su rechazo a las intenciones de Boluarte de acudir a las festividades de la Virgen de la Candelaria. Sin embargo, la presidenta amenaza con ir.

Y debería, si no quiere regalar el sur a los radicalismos y sus economías ilegales.

¿Cómo se pretende ser el país anfitrión del APEC en noviembre si no se puede poner un pie en Ayacucho, Cusco o Puno, por mencionar solo tres departamentos del sur?

Los presidentes apedreados no recularon. La tradición sureña es así, desde el Takanakuy hasta los huaracazos. Lo que no era una tradición sureña hasta hace algunos lustros era el firme voto por la izquierda. Si no, que lo digan Fujimori, Belaunde y Alan García.

De un tiempo a esta parte, los políticos han abandonado el sur del país. Lo han dejado a merced de los radicales y sus mafias involucradas en el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.

La lección es clara: hay que seguir viajando. Y, con tantas festividades carnavalescas en el calendario, es imposible hacer el muertito. En ese sentido, el jalón de cabello es también un jalón de orejas a la presidenta.

Pero también hay que trabajar políticamente el sur del país. Renovar el equipo de inteligencia, redoblar las obras para las masas silenciosas, adelantarse a los planes subversivos que usan de escudo retórico a los familiares de las víctimas. No se puede viajar así como así. Y sin un plan contundente.

Pero, sobre todo, y vale la pena repetirlo: no se le puede regalar el sur a los radicalismos y sus economías ilegales.

Porque, detrás del victimismo de unos pocos indignados, siempre están la turba y los intereses pecuniarios de unos muchos asolapados.

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