Derriban cerco y destruyen piscina de Susana Villarán en Playa Arica

Fecha Actualización

23/03/2024 - 07:05

Acabó el verano y adiós piscina. La Municipalidad Distrital de Lurín procedió a demoler la piscina de la exalcaldesa Susana Villarán, quien aceptó recibir suculentos aportes económicos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña política contra su revocatoria en el año 2013, y para su intento proselitista por ser reelegida en 2014.

En aquella piscina, ubicada en el balneario de Playa Arica, se captó a Villarán disfrutando del sol mientras dormían sus expedientes judiciales en los que se le sindica por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. El reportaje periodístico fue publicado el domingo 25 de febrero por Panorama.

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La acción edil se produjo debido a que el inmueble estaba ocupando ilegalmente parte del espacio público. La comuna realizó un operativo para recuperar esa área, que comprendió otras 16 viviendas. Las cámaras captaron al personal municipal derribando los cercos del domicilio de Villarán con una retroexcavadora, y echando tierra y arena a la piscina. La propia exalcaldesa grabó el momento con su celular desde el cuarto piso.

El gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lurín, Edgar Belleza, informó que el jardín del domicilio de Villarán también está ubicado en un espacio público y deberá ser retirado. Añadió que la piscina no contaba con la autorización para ser construida.

“Fue notificada la familia de la señora Villarán por ser propietarios de la edificación, que estaría ocupando de manera indebida el espacio público. Hemos cruzado información. Vimos las partidas perimétricas del predio y, teniendo un largo en su extensión de 25 metros, estaría fuera de ese espacio”, manifestó.

TENGA EN CUENTA

- Pedido. En el caso de los aportes a sus campañas, la Fiscalía solicita 29 años de cárcel contra ella.

- Otro proceso. Villarán afronta otro proceso por supuestamente haber concertado con OAS y Lamsac para favorecerlos con el proyecto Línea Amarilla en 2012.

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