Defensoría del Pueblo se muestra ‘preocupada’ por eliminación de prefecturas

La Defensoría del Pueblo cursó un oficio al presidente del Congreso, José Williams, mostrándole su “preocupación” por la aprobación del dictamen que plantea la eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos, aprobado a inicios de noviembre por la Comisión de Descentralización.

El dictamen obtuvo el visto bueno —por mayoría— del grupo de trabajo que dirige la legisladora Diana Gonzáles (Avanza País), y se encuentra pendiente de ser discutido en el pleno, la máxima instancia.

En el Oficio N°0383-2022, que no ha sido publicitado por la institución, la Defensoría indica que ve “con preocupación” la aprobación de “una iniciativa carente” de los suficientes fundamentos que justifiquen la eliminación de estos cargos.

“El dictamen no contiene información ni datos objetivos que demuestren la ineficacia de la actuación o del impacto de las funciones que cumplen dichas autoridades”, se refiere.

La Defensoría señala que “debe quedar demostrado que las competencias de tales autoridades carecen absolutamente de utilidad”.

LA COMISIÓN RESPONDE

Para la congresista Gonzáles, “es lamentable de que la Defensoría no se haya pronunciado antes por el mal uso de estos cargos por parte de los gobiernos de turno y tampoco haya expresado su rechazo a la presencia de personas que firmaron los planillones del Movadef”.

Según información de la comisión, entre diciembre de 2021 y setiembre de 2022, al menos 16 de estas autoridades estaban vinculadas al brazo político de Sendero Luminoso.

Gonzáles insistió, además, en que “es absurdo” que funcionarios con rango inferior al de un ministro (que solo pueden representar a su sector), se les atribuya la representación de la Presidencia y otros entes.

“Este ha sido un debate técnico, hay una clara duplicidad de funciones, un gasto inútil”, aseveró.

Agregó que en el caso del otorgamiento de garantías personales, los prefectos y subprefectos no son los que las ejecutan sino la Policía, por lo que ellos bien podrían recibir estos pedidos. Y que en el tema de prevención de conflictos sociales, el propio Ministerio del Interior tiene otro despacho a cargo de ello, al igual que la misma PCM. “Esta función no va a quedar en el aire”, subrayó.

Perú21 se comunicó con la Defensoría, pero hasta el cierre de este informe no hubo una respuesta.

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