Se impidió el acceso a la prensa a la ceremonia en la que el presidente, Pedro Castillo, fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec)
Se impidió el acceso a la prensa a la ceremonia en la que el presidente, Pedro Castillo, fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec)

Lasobre las limitaciones a los derechos de la libertad de prensa e información advertidas en y miembros de su gabinete. El uso de rejas en calles aledañas a Palacio de Gobierno en ceremonias del Ejecutivo, el uso de cortinas en el vehículo presidencial o críticas peyorativas en conferencia de prensa son actos que alertaron a la institución presidida por Walter Gutiérrez.

“Acciones tales como impedir la presencia de los medios de comunicación en los actos oficiales del Gobierno (juramentación del gabinete ministerial, ; y que se desconozca plenamente la agenda del primer mandatario, constituyen actos que contravienen las obligaciones dirigidas a materializar los derechos antes mencionados”, se puede leer en el comunicado difundido por la Defensoría del Pueblo.

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La institución también cuestionó los comentarios de Guido Bellido. “Igualmente grave, es que las nuevas autoridades del Ejecutivo, y , desarrollen discursos contra los medios de comunicación. Imputarle a los medios una “actitud obstruccionista” no se condice con el perfil democrático que debe tener el portavoz del Gobierno”, sostienen. Además, cuestionaron “el discurso violentista expuesto por un parlamentario oficialista contra los periodistas que cubrían una manifestación ciudadana. Tal discurso, además de atentar contra la libertad de expresión, colocó en riesgo la vida e integridad de los hombres y mujeres de prensa allí presentes”, sostienen.

“Para asegurar el libre y efectivo ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información de la ciudadanía, es indispensable que los medios de comunicación puedan difundir todos los hechos noticiosos relacionados con la actuación del gobierno, en la medida que son asuntos de elevado interés público”, exhortan.

La Defensoría recuerda que “es deber de todas las autoridades garantizar y proteger derechos fundamentales”. “Las conductas descritas no solo son antidemocráticas, sino también constituyen vulneraciones flagrantes a la Constitución”y resaltan que es “inaceptable que siendo el Gobierno quien debe garantizar las libertades de expresión e información en nuestro país, sea él quien las ponga en riesgo obstaculizando la libre circulación de información y, en definitiva, transgrediéndolas”.

La institución consideró que gobierno debe actuar conforme Constitución y facilitar la labor del periodismo, removiendo los obstáculos que limitan la pluralidad informativa y asegurando el ejercicio pleno de la libertad de prensa.

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