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“Un fiscal y un juez quieren eliminar una plancha presidencial y una lista de más de 170 candidatos al Congreso y al Parlamento Andino”, señaló en un video la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
El magistrado Víctor Zúñiga programó para el 30 de noviembre la audiencia en donde el fiscal José Pérez Gómez, del equipo especial Lava Jato, sustentará su solicitud de suspender por un plazo de dos años y medio al partido naranja. Los descargos lo harán los abogados de Fuerza Popular.
“Ese mismo juez ha fijado la vista de la causa para el próximo 30 de noviembre, justamente a solo una semana de las elecciones internas de Fuerza Popular. Lo más arbitrario es que así logremos revertir en segunda instancia, como en otras oportunidades, su intención es que no podamos cumplir con el calendario establecido por la ONPE y quedemos eliminados de la contienda electoral (2021)”, sostuvo Fujimori.
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Pero ¿Qué dicen los abogados penalistas sobre esta audiencia que pone en riesgo la genuina participación política de una agrupación de personas que aún no están inmersos en un proceso judicial?
La abogada penalista Romy Chang señala que el debate es que se está hablando de una organización política que tiene congresistas electos.
“Decir que están a nivel de una organización creada solo para cometer actos delictivos es bien difícil de justificar. El presupuesto para dar una medida cautelar es ese, pero este no es el caso. La fiscalía todavía no ha cumplido con presentar su acusación. ¿Por qué anda pidiendo tantas medidas cautelares o prisiones preventivas si al final no tiene pruebas para presentar acusación?”, dijo Chang a Perú21.
La abogada agregó que aquí se entra a un conflicto con el derecho que tienen los ciudadanos a elegir a sus representantes. “Es evidente que hay gente que sí usa el partido como, lo que tiene que ser, una fórmula de representación política”, resaltó.
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El abogado Mario Amoretti indicó a este diario que hay una arbitrariedad por parte del fiscal por solicitar la suspensión de un partido en base a indicios y, sobre todo, cuando existe una ley de lavado de activos desde el 2018 que no puede ser retroactiva. “El hecho de que estemos a puertas de las elecciones no es una casualidad para que se presenten este tipo de pedidos, hay medidas que se aplican después de las sentencias como la suspensión o clausura de personas jurídicas como los partido políticos, así lo señala el Código Penal; en estos momentos es arbitrario”, indicó Amoretti.
Para el letrado Luciano López, un partido político podría sufrir las mismas consecuencias que cualquier empresa que ha cometido actos delictivos. Pero en este caso la fiscalía tendría que demostrar cuál es la urgencia para que una medida cautelar como esta sea acogida, “porque de lo contrario se podría generar mayores perjuicios”.
El abogado también llamó la atención de que “ha pasado tanto y no se ha podido presentar una acusación que ya ha debido haberse formulado”.
Si el juez Zúñiga le da la razón al fiscal Pérez, Fuerza Popular no podría participar en las elecciones de 2021. La representante legal del partido, Milagros Takayama, sostiene que “esto es abuso y odio desmedido para frenar las aspiraciones de un partido político que cuenta con una representación y respaldo popular”.
TENGA EN CUENTA
- El fiscal Germán Juárez, también del equipo Lava Jato, solicitó la disolución del partido Nacionalista de Nadine Heredia y Ollanta Humala, pero lo hizo junto a su acusación por lavado de activos.
- En este caso, será al final del proceso judicial si se determina o no la disolución del partido.
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