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Congreso archiva denuncia contra Dina Boluarte y Aníbal Torres por buscar asamblea constituyente

Exministros castillistas eran sindicados de haber infringido la Constitución al presentar un proyecto de ley para incluir la figura de una ‘asamblea constituyente’ en la legislación peruana en 2022.

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SAC archiva denuncia constitucional contra expremier Aníbal Torres y presidenta Dina Boluarte.
Fecha Actualización
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió el último martes no aprobar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, quienes se desempeñaban como ministros de Pedro Castillo, por buscar convocar una asamblea constituyente en 2022.
En ese sentido, el grupo de trabajo aprobó el informe de calificación que declara la improcedencia de la denuncia constitucional 265, en la que también se encontraban incluidos los exministros castillistas Nicolás Bustamante, Alfonso Chávarry, Félix Chero, José Gavidia, Osca Graham, César Landa, Jorge López, Diana Miloslavich, Modesto Montoya, Carlos Palacios, Jorge Prado, Alejandro Salas y otros.
A todos ellos se les acusaba por el proyecto de ley presentado en 2022 que incluía la figura de una asamblea constituyente en la legislación peruana. Ante ello, la denuncia consideraba que se violaba la igualdad ante la ley de los ciudadanos, la ley de la no discriminación y los derechos humanos. En consecuencia, la denuncia presentada por un ciudadano sindicaba a los entonces ministros del expresidente golpista de haber cometido infracción constitucional de los artículos 51, 31, 43, 44, 45, 55, 103 y 139 de la Constitución.
Sin embargo, la subcomisión consideró que el solo hecho de presentar un proyecto de ley no genera una amenaza o viola derechos fundamentales. Además, determinó que la denuncia no cumplió con el requisito del literal C del artículo 89, en el cual se señala que la persona denunciante debe ser agraviada directamente.
Por otra parte, la comisión legislativa aprobó denunciar constitucionalmente a Orlando Velásquez Benites, exmiembro del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, por presunto enriquecimiento ilícito. La denuncia había sido presentada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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