Congreso aprueba dictamen que eleva penas en casos de difamación y calumnia

Proyecto de Ley fue presentado por Perú Libre y aprobado sin debate por el Pleno
Polémico y peligroso dictamen plantea penas privativas de hasta cinco años.

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que eleva las penas en caso de difamación y calumnia realizados a través de los medios de comunicación. Este peligroso proyecto de ley incrementa las penas “por la utilización indebida de los , redes sociales o sitios web de divulgación colectiva”.

El dictamen, presentado por Perú Libre, no fue sujeto a debate y fue aprobado la noche del último jueves en primera votación por 69 congresistas; 28 votaron en contra y hubo 3 abstenciones.

El documento modifica el Código Penal, y el Código Civil, Decreto Legislativo 295, y establece que al que atribuya de manera falsa un delito a otra persona será sujeta a una pena de 120 a 365 días-multa, además de una reparación civil por el daño al honor causado al querellante.

También impone indemnizaciones obligatorias para la persona que atribuya a otra un delito, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor.

Si la difamación es a través del libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con 120 a 365 días-multa y una reparación civil en favor del querellante.

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La segunda votación se realizará dentro de los 7 días calendario.

Ya en marzo, cuando el proyecto fue aprobado en la Comisión de Justicia, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió que el dictamen representa una amenaza contra la libertad de prensa y el ejercicio de la profesión en el país.

“Lo más grave por peligroso es que está proponiendo la posibilidad de pena de cárcel efectiva en los casos de difamación a través de medios de comunicación social, redes sociales o internet en general”, apuntó el IPYS.

Para la institución el proyecto va contra corriente con la tendencia regional de reducir la intervención penal en los casos de delitos contra el honor e incluso de despenalizarlos cuando se trata de discursos que recaen sobre personajes o asuntos de interés público.

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