:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/7WPWLIC7KJH65J6TVRC5MDNRFE.jpg)
El procurador ad hoc Jorge Ramírez logró que el Poder Judicial ordene el embargo y dicte medidas de inhibición contra 32 bienes que pertenecen Claudia Hokama y Edgar Ramírez Cadenillas, acusados de colusión agravada por el caso Gasoducto.
Del total de propiedades, 31 son de la exrepresentante legal de Odebrecht. Figuran estacionamientos, oficinas, departamentos, depósitos y terrenos, según muestra documentación a la que accedió Perú21.
Al exfuncionario de Proinversión, en tanto, le congelaron su casa valorizada en S/3 millones. El valor de los inmuebles de Hokama y Ramírez Cadenillas suma S/19’820,188.
Con esta medida, la Procuraduría pretende garantizar el eventual cobro de una reparación civil.
De acuerdo al fiscal Reynaldo Abia, Hokama y Ramírez acordaron favorecer a la compañía con la licitación del millonario proyecto Gasoducto del Sur, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
Proinversión “descalificó irregularmente” al consorcio con el que competía Odebrecht en ese momento, señaló Abia. El juez Manuel Chuyo debe decidir en los próximos días si el caso pasará a juicio oral, luego de evaluar la acusación.
El caso Gasoducto a cargo del fiscal Abia es distinto al que maneja el equipo especial Lava Jato. La fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, investiga a la exprimera dama Nadine Heredia y otros exaltos funcionarios por presuntamente beneficiar a la compañía. Mori incautó el celular de Heredia en julio pasado.
