Defensoría del Pueblo exhorta respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas

En ese sentido, la Defensoría hizo el llamado a respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). “Conforme a la Constitución, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; en tal condición ostenta la atribución de renovar los cuadros de la alta dirección de ambas instituciones. No obstante, dicha facultad debe ser ejercida conforme a ley, considerando el orden de mérito, y cumpliendo con el deber de motivar sus decisiones”, se lee en el pronunciamiento.

La institución también recalcó que en las resoluciones con las que se efectuaron los cambios en el Ejército y la FAP se explica que “el único fundamento para el cese es que los comandantes se encontraban por cumplir 40 años de servicio”; sin embargo, el exgeneral José Vizcarra y el excomandante general FAP Jorge Luis Chaparro Pinto fueron nombrados hace solo tres meses.

La Defensoría resalta que no hay una suficiente motivación que justifiquen las razones “del cese abrupto de los citados comandantes de las Fuerzas Armadas sería contraria a los estándares establecidos por el Tribunal Constitucional”, que indican que los ceses o ascensos de militares y policías serán válidos solo si se dan “respetando los derechos consagrados en la Carta Magna, entre ellos los derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley, al honor y buena reputación, al trabajo”.

A juicio de la Defensoría del Pueblo, la situación “impone un límite expreso a la facultad discrecional del presidente de la República en esta materia” y el TC ha precisado que este tipo de cambios “deben fundamentarse debidamente, con argumentos de derecho y de hecho”.

“Dado que los ceses y ascensos militares y policiales inciden directamente en la institucionalidad, toda decisión del presidente de la República sobre el particular debe tener en consideración la meritocracia (mérito personal y capacidad profesional)”, resalta la Defensoría.

Asimismo, la institución indica que “son de extrema gravedad las recientes denuncias formuladas por el ex comandante general del Ejército. Conforme a sus declaraciones públicas, autoridades del Poder Ejecutivo del más alto nivel, habrían intentado alterar el orden mérito a fin de favorecer el ascenso indebido de oficiales. Sobre el particular, corresponde a las autoridades involucradas ofrecer al país las explicaciones que la naturaleza de la denuncia exige”.

La Defensoría exhortó al Ministerio Público actuar según sus atribuciones pues “los hechos descritos tendrían relevancia penal”, y anunció que solicitará información al Poder Ejecutivo sobre los hechos denunciados. Además, invocó al Congreso aprobar el proyecto de ley que presentaron para “garantizar la idoneidad de las personas que sean designadas como ministras y ministros de Estado” y darle “trámite urgente a la iniciativa legislativa presentada por la Contraloría General de la Republica que impone requisitos para el ejercicio de altos cargos públicos”.