El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró esta tarde ante la prensa que la presidenta Dina Boluarte sí declarará ante la Fiscalía por las muertes durante las protestas en contra de su gobierno.
Otárola adelantó que la modalidad de declaración podría ser virtual o recibiendo a la fiscal de la Nación en Palacio de Gobierno y que Boluarte estaría definiendo próximamente la forma.
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“La presidenta Boluarte ha manifestado la más amplia colaboración con la Fiscalía de la Nación con el esclarecimiento de los hechos y en segundo lugar creo que todos los peruanos y todas las instituciones deben de defender aquello que se llama la institucionalidad de presidencia, lo que la señora presidenta está coordinando el respeto a esta institucionalidad y entiendo que esa declaración se va a efectuar en los próximos días”, dijo el premier.
Y añadió: “Lo que se está solicitando es que se lleve a cabo en Palacio de Gobierno o de manera virtual, podría dar las declaraciones como corresponde o de manera virtual, el Ministerio Público establecerá la fecha adecuada y va a declarar según las condiciones que establece la ley”.
Tal y como reveló Perú21, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, esperaba interrogar el último jueves a Boluarte, pero la noche anterior la mandataria pidió reprogramar la diligencia y, además, requirió que esta sea virtual sin ninguna justificación. Esa fue la tercera vez que la investigada gobernante solicitó fijar nueva fecha para su manifestación.
En enero, la presidenta alegó por escrito que no podía rendir su manifestación porque tenía actividades pendientes.
Para la segunda citación, de acuerdo a las fuentes, Boluarte argumentó que debido a las violentas protestas en el Centro de Lima era riesgoso para su seguridad acudir a la sede fiscal ubicada en la avenida Abancay.
La fiscal Benavides busca aclarar si las autoridades de gobierno dieron órdenes a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para atacar a los manifestantes que salieron a las calles en distintas zonas del país tras el golpe de Estado perpetrado por Castillo el 7 de diciembre del 2022.