Su victoria en las últimas elecciones le aseguró 37 escaños en el Congreso. Perú Libre fue la agrupación política con más votos y más legisladores y, de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos, le corresponde recibir 2′151,279.22 soles anuales por financiamiento público del Estado.
Dos años después de ganar la elección, su representación en el Parlamento se ha visto reducida a 12 curules, tras una serie de renuncias de congresistas, repartidos hoy en varias bancadas. Ello, sin embargo, no impedirá, según establece la ley, que siga recibiendo ese mismo monto que el Estado le tiene reservado.
Lo mismo sucede con Acción Popular (AP), que perdió a ocho de los 15 representantes con los que llegó al Congreso. El partido de la lampa recibe 1′651,000 soles de financiamiento público cada año hasta 2026.
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La Ley de Organizaciones Políticas señala que el financiamiento público directo está en función de los partidos que tienen representación congresal, por lo que incluso en la posibilidad de que AP deje de ser bancada, ante una eventual expulsión de cuatro representantes vinculados con el caso ‘Los Niños’, el partido seguirá recibiendo financiamiento.
BANCADAS MANDAN
Para Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE, el dinero que “a estas alturas” el Estado reparte a los partidos debe distribuirse en función de las bancadas, de la cantidad de representantes preservados en el Congreso.
“Hace tiempo planteo que hay que dejar de lado la distribución de los fondos públicos en función de los votos obtenidos al inicio del quinquenio, a partir del resultado de la elección, y hacerlo en función de las bancadas. Hoy la ley no contempla este tipo de representación ni mucho menos que la desaparición de una bancada suponga que se deje de entregarle dinero al partido”, señaló a Perú21.
En su propuesta, el experto en temas electorales señala que esta distribución debe ajustarse cada año, de acuerdo al número de representantes de bancada y que el monto del dinero que pierden estos partidos no se redistribuya entre las otras agrupaciones, sino que se revierta al Estado.
NO AL FRACCIONAMIENTO
Otra es la opinión de José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho constitucional y electoral, para quien los partidos no deberían verse perjudicados por la renuncia o expulsión de uno de sus congresistas.
“Reducirles el monto de financiamiento que les corresponde sería debilitar a los partidos. Lo que debería impedirse es que las bancadas se fraccionen, y permitirse que un congresista que ya no quiere estar en un partido renuncie al cargo y su lugar sea reemplazado por el accesitario. Así se mantiene la representatividad inicial ganada en las urnas. Hay que evitar que el Congreso se fraccione, respetar la voluntad popular y la cantidad de congresistas que ganó cada partido”, indicó Villalobos a este diario.
Durante el quinquenio 2021-2026, diez partidos políticos (ver recuadro) recibirán del Estado un total de S/77′980,016.40 como financiamiento público directo durante el tiempo que estén representados en el Congreso. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la encargada de entregarles, dos veces al año, los montos asignados por cada periodo.
El monto asignado a cada partido es el resultado de multiplicar el total de votos emitidos para elegir representantes al Congreso por el 0.1% de la unidad impositiva tributaria (UIT).
Según la Ley de Partidos Políticos, el 50% del dinero asignado por el Estado puede destinarse a gastos de funcionamiento ordinario. Como mínimo, el 50% del monto asignado puede usarse en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión partidaria. El objetivo del financiamiento público directo es el fortalecimiento de las organizaciones políticas.
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