El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, dijo que el Gobierno podría presentar una demanda competencial contra el Congreso de la República con motivo de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el jefe de Estado.
“Puede haber una demanda competencial que promueva el Ejecutivo contra el Congreso para que el Tribunal Constitucional diga si el artículo 117 permite al Congreso tramitar una acusación constitucional contra el presidente fuera del marco del 117″, manifestó en declaraciones a Punto Final.
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“[¿Si el Congreso tramita la denuncia, acatarán la decisión?] O plantearemos acciones para que el guardián de la Constitución, el Tribunal Constitucional (se pronuncie)”, reiteró.
Benji Espinoza reiteró que la fiscal Benavides, en su denuncia contra Pedro Castillo, ha tomado un conjunto de indicios para pedir que el Congreso le permita seguir con una investigación preliminar, algo que asegura va en contra de la Constitución y lo que decidió el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley.
“Acá no hay ninguna prueba contra el presidente Castillo porque la ley dice que la prueba solo es producida en el juicio y nunca antes. ¿Qué hay entonces? Un conjunto de elementos de convicción que han llevado a la fiscalía a que, desacatando al juez supremo Checkley que le puso un límite bastante claro, ha dicho ‘voy a buscar que el Congreso me autorice formalizar investigación’”, aseveró.
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El defensor legal de Castillo Terrones dijo que no hay, hasta el momento, elementos suficientes para que se pueda afirmar que hay una organización criminal integrada por exfuncionarios e incluso dijo que el mismo Ministerio Público lo reconoce al pedir permiso al Congreso, no para denunciar, sino para seguir investigando.
Adicionalmente, Benji Espinoza anunció que, por estas evaluaciones, pedirá que el Poder Judicial se pronuncie sobre la decisión que ha tomado la fiscal de la Nación al denunciar constitucionalmente a Pedro Castillo.
“Mañana (lunes 17) voy a ir al Poder Judicial a presentar una tutela de derecho para que el mismo juez Checkley defina si es que la fiscalía está haciendo una reinterpretación de lo que ha dicho o en realidad ha prohibido lo que han hecho”, adelantó.