La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY) organizaron el 28 y 29 pasados el taller ‘Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia’, donde quedó claro que las mujeres continúan sintiéndose vulnerables.
El evento -realizado en Santa María de Nieva- tuvo como objetivo fortalecer a las lideresas que defienden el derecho a una vida sin violencia sexual en sus comunidades. Sin embargo, los testimonios dan cuenta de que niñas, niños, adolescentes y mujeres enfrentan situaciones de riesgo cuando denuncian.
"Necesitamos cuidarnos, al interior de nuestras propias comunidades", dijo una de las mujeres participantes.
¿La razón? Algunos dirigentes se molestan cuando hacen públicas las vejaciones.
En mayo de este año, la maestra Rosemery Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres denunció los más de 500 casos de violencia sexual que vienen ocurriendo desde hace varios años en el territorio awajún y wampis.
Durante la inauguración del evento, la presidenta del COMUAWUY, agradeció el apoyo del Alto Comisionado y mencionó que las violaciones sexuales deberían ser una emergencia nacional, que los agresores siguen impunes, y que las instituciones del Estado tienen la obligación de atender estos casos en el territorio de manera articulada y competente.
SIGUEN LAS VIOLACIONES SEXUALES
"Solo en esta semana he sabido de dos casos más de violación sexual. He recibido también la llamada de un padre de familia de una adolescente que ha huido de su comunidad porque estaba unida a un hombre mayor contra su voluntad, y estoy al tanto de casos de adultos infectados con el VIH/Sida que han abusado sexualmente de niñas", comentó Pioc.
Los dos días de encuentro fueron una oportunidad para que las líderesas organizadas de las comunidades nativas de Ebrón, Francisco Rodríguez Contreras, Juan Velasco Alvarado, Héctor Peas, Kigkis, La Tuna, Paisa, Seasmi, Vista Alegre y Yahuahua, reunidas en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, comprometieran su apoyo a las víctimas de violencia sexual.
Las mujeres señalaron la urgencia de ser capacitadas para actuar rápidamente frente a los casos y coordinar con las autoridades competentes.
Para ello, dijeron, necesitan disponer de algunos recursos para movilizarse a las comunidades, entrar en contacto con las familias de las víctimas, y, sobre todo, articular con las instancias pertinentes del Estado peruano.
LA SALUD
Con respecto a los establecimientos de salud manifestaron que éstos son mayoritariamente atendidos por varones y demandaron un esfuerzo del sector para que dichos servicios se adapten a las necesidades culturales de sus pueblos.
La vocal del COMUAWUY, Claudia Jima Chamikit mencionó que "los esposos de nuestras hermanas muchas veces no permiten que vayamos al puesto de salud porque no quieren que nos atienda un personal varón".
El equipo del Alto Comisionado de DDHH de la ONU contribuyó a la identificación de las situaciones en que se produce la violencia, así como los tipos de riesgo que enfrentan las mujeres y adolescentes en Condorcanqui.
Durante el encuentro se discutió cómo actúa el Estado frente al problema, y cómo dicha respuesta requiere de un enfoque integral e intersectorial.
Se recordó que el Perú ratificó en 1982 la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y que el Estado peruano tiene la obligación de ejeciutar cambios positivos, garantizar la no discriminación, la no violencia, la falta de protección legal, entre otros derechos.
Las asistentes al taller saludaron la reciente inauguración de la cámara Gesell, que permitirá la no revictimización de las víctimas de violencia sexual, y la concurrencia de los diversos sectores del Estado que tienen competencias en la denuncia y reparación de las víctimas, pero resaltaron que servicios como el Centro de Emergencia Mujer del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Fiscalía, la Policía Nacional y el Poder Judicial todavía no logran articular adecuadamente y llegar a las comunidades.
Tras estos dos días de trabajo quedó claro que recibir asistencia especial adecuada a sus necesidades de protección es un derecho de todas las niñas, niños, adolescentes y mujeres afectadas.
Las representantes del COMUAWUY reiteraron el compromiso con su pueblo e instaron a las entidades competentes un mayor esfuerzo por llegar a las comunidades, administrar justicia y reparar a las víctimas.
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