Cusco: Espinar exige a Antapaccay un bono de S/1,000 pero convenio lo prohíbe

Este año, desde el 15 de julio, un grupo de comuneros de Espinar se declaró en paro para exigir a la minera Antapaccay un bono de S/1,000 para todos los electores de la zona. Este pedido significaría una inversión de S/50 millones, que saldrían de un fondo destinado para financiar obras y proyectos sostenibles.

Para resolver el conflicto, las autoridades locales han solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se conforme una comisión de alto nivel liderada por Pedro Cateriano. Consultado por este diario, el alcalde de Espinar, Lolo Arenas, amenazó que si no les entregan el dinero, la protesta continuará “hasta las últimas consecuencias”.

La mesa de diálogo entre las autoridades locales y la empresa continuó en medio de las manifestaciones hasta el miércoles 22 de julio. Aquel día, la reunión tuvo que suspenderse porque los habitantes del centro poblado de Tintaya Marquiri intentaron ingresar a la fuerza al campamento minero de Antapaccay.

Según el reporte de la Policía, los comuneros los atacaron con huaracas y piedras; además, incendiaron la estación de bombeo de agua en la zona y quemaron pastizales ubicados en los alrededores del campamento. Al anochecer, en el distrito de Yauri (capital de Espinar), un grupo de moradores salieron a protestar y hubo algunos piquetes que se enfrentaron a los policías. Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas y disparos disuasivos. Producto del enfrentamiento, hubo tres ciudadanos heridos.

El lunes 20 de julio, unos comuneros bloquearon el corredor minero a la altura del sector de Suycutambo y Coporaque, y detuvieron a los volquetes de las mineras Las Bambas y Hudbay que se trasladaban por esa vía para llevar mineral hasta el puerto de Matarani (Arequipa). La peor parte se la llevaron los conductores que operaban vehículos para Las Bambas, pues los obligaron a abandonar las unidades e incendiaron dos de sus camiones.

Desde el 3 de setiembre de 2003, la minera BHP Billiton Tintaya suscribió un convenio marco con el municipio de Espinar donde se establecía la entrega a la comunidad del 3% de las utilidades brutas de la empresa. En los términos de esta negociación se determinó que el dinero iría a un fondo administrado por el Comité de Gestión del Convenio Marco. Este grupo está presidido por el alcalde provincial de Espinar y lo conforman un representante de la minera más siete dirigentes de asociaciones locales.

El documento estipula que, para financiar un proyecto con los recursos del fondo, todos los miembros deben estar de acuerdo. En el caso del bono, Antapaccay manifestó su disconformidad porque no se ajusta al convenio.

“El presente convenio está orientado a establecer procedimientos, normas de cooperación mutua y compromisos de las partes suscribientes para que participen en forma responsable y permanente en la ejecución de proyectos y/o construcciones de infraestructura pública para el desarrollo sostenible de la provincia de Espinar, el desarrollo de programas y proyectos contemplados en los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo de la Provincia (educativos, culturales, deportivos, productivos, sociales y ambientales)”, se lee en el convenio, al que accedió este diario.

A pesar de que el proyecto del bono no debió aprobarse porque no era una decisión unánime, las autoridades locales insistieron en sacarlo adelante. Intentaron contratar a la Fundación Tintaya para que ejecute el proyecto; esta entidad se ha hecho cargo de la mayoría de trabajos del convenio marco en Espinar; sin embargo, en esta ocasión se negó. Por ello, decidieron darle la buena pro a una empresa comunal dedicada al rubro de transporte de concentrados, pero este intento también fue rechazado por Antapaccay.

La minera ha señalado que la entrega del bono implicaría gastar casi el 60% de los fondos disponibles. Además, Espinar es una provincia con una baja tasa de bancarización; por lo tanto, entregar el dinero en efectivo implicaría un gran esfuerzo logístico y su beneficio sería a muy corto plazo. Por ello, la minera ha propuesto un plan alternativo.

Antapaccay ha propuesto un plan llamado Reactiva Espinar como alternativa para aliviar el golpe de la pandemia. Lo que plantea es ejecutar más de 30 proyectos de infraestructura, agricultura y salud con una inversión aproximada de S/30 millones para generar empleos en la comunidad. También ha propuesto otorgar microcréditos a 0% de interés para pequeños y medianos empresarios. Asimismo, entregar alimentos, medicinas y equipos de protección personal a los más vulnerables, así como reactivar los comedores populares.

Sin embargo, los otros miembros del Comité de Gestión del Convenio Marco insisten con el pago de dinero en efectivo. El presidente del comité y alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas, dijo a Perú21: “Estamos en una huelga indefinida por la intransigencia de la empresa minera Antapaccay, que no quiere cedernos el bono solidario de S/1,000 que legítimamente pertenece a la provincia de Espinar y que pedimos de manera única y excepcional. Después de estar encerrados más de 100 días, se necesita el dinero”, comentó.

La autoridad dijo que el bono entregado por el Gobierno Central llegó a muy pocos vecinos de Espinar. Sobre los actos violentos en medio de las protestas, Arenas los justificó diciendo que no son responsabilidad de los habitantes de Espinar, sino que “fueron cometidos por supuestos infiltrados”.

El alcalde también reclamó porque hay varios sectores de su provincia que no cuentan con servicio de saneamiento; sin embargo, este tipo de necesidades están directamente en las manos del Estado, no de la empresa privada.

Además de Arenas, el comité de gestión está conformado por el representante de la minera Antapaccay, Luis Altamirano; la AUPE, representada por Vidal Merma; la Fucae, representada por Cosme Cáceres; y otros.

La PCM no quiso brindar una entrevista sobre el tema a Perú21, pese a que se le solicitó desde el jueves un comentario sobre la situación de Espinar. “Cualquier novedad te aviso”, dijeron de PCM.

El fondo de dinero es creado a partir de un convenio marco cuyo destino es el desarrollo de proyectos de inversión sostenible en Espinar. La justificación para variar el destino del dinero tiene que ver con una necesidad producida por la pandemia. Entonces, la pregunta es ¿la necesidad es de todos o solo de un grupo en una situación sumamente crítica?

En opinión de la Defensoría del Pueblo, el destino de esos fondos debe ser para apoyar a las familias pobres o extremadamente pobres.

Tanto la empresa como la comunidad están de acuerdo con utilizar parte del fondo para apoyar a Espinar; eso no está en discusión. Pero la modalidad –dinero en efectivo o productos y proyectos– es lo que los distancia y hasta ahora no se ha podido superar.

Creo que a estas alturas oxigenaría el proceso de diálogo recurrir a un tercero, como el Gobierno, para que actúe como mediador o facilitador y ayude a las partes, de forma progresiva, a llegar a un acuerdo.

Por otro lado, hemos pedido que las autoridades locales deslinden totalmente de los grupos que han ocasionado la violencia. El diálogo es incompatible con la violencia.