Y oficialmente se fue. César Arturo Fernández Bazán, quien ocupaba el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo desde el 2023 con el partido político Somos Perú, fue finalmente vacado tras la audiencia realizada la mañana de martes por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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En la jornada se presentaron hasta 14 expedientes. El primero que se atendió fue el referido al conocido 'Loco de Moche'. El JNE resolvió declarar fundado el recurso de apelación contra el Acuerdo de Concejo N.° 087-2024-MPT, que inicialmente había rechazado la solicitud de vacancia con expediente N.° 19957-2024-MPT.
El expediente ingresado correponde al del ciudadano Rafael Alexander Vera Alvites, representado legalmente por el abogado Fernando Calderón, quien apeló argumentando que Fernández había sido sentenciado a un año de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de S/ 25 mil por difamar a la policía Nataly Rojas, en el distrito de Moche, en Trujillo, y eso era suficiente para ser causal de vacancia.
"La autoridad cuestionada cuenta con una sentencia que ya no solo es inmutable sino que está consentida y ejecutoriada por un delito doloso y con una pena privativa de la libertad, hecho que se subsume en la causal de vacancia prescrita en el inciso 6 artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por lo tanto, cabe precisar que la norma busca la idoneidad del funcionario publico por elección popular, precisamente, cuidando de que no se produczca el doble estatus de condenado y funcionario público por elección popular", dijo en su intervención el abogado Calderón.
Tras las declaraciones de Calderón, el abogado de Fernández, Jean Paul Silva León, desestimó sus argumentos indicando que no había una sentencia. Culminado los cinco minutos de su turno, el doctor Willy Ramírez Chávarry del JNE intervino y acotó con una pregunta: "¿El señor César Arturno Fernández Bazán está condenado o no? Porque hay un recurso que ha llegado hasta la Corte Suprema". El letrado Fernando Calderón contestó: "El señor Arturo Fernández fue condenado por delito doloso a tal punto que incluso la Corte Suprema rechazó su recurso extraordinario de queja". Por su parte, Silva León replicó: "Mi patrocinado no tiene sentencia condenatoria a la fecha. Existió una condena. Lo que llegó a la Corte Suprema fue un recurso de queja ante la denegatoria del recurso de casacion. Eso fue declarado inadmisible. Posterior a dicha resolución, se emitió la situación jurídica de mi patrocinado señalando que no tiene condena por delito doloso".
Luego de ponerse a votación, la tarde del miércoles el JNE emitió la decisión dando como pronunciamiento "fundado" sobre el expediente JNE.2024002828.
DENUNCIAS
Ni bien entró Fernández al municipio, las denuncias llovían por doquier. De por sí, Fernández era un personaje político polémico. El inicio de su gestión lo marcó como una persona machista, emitiendo comentarios desatinados y fuera de lugar contra mujeres periodistas.
En febrero nada más, a dos meses de empezar el cargo, Arturo Fernández le faltó el respeto a las periodistas mujeres que le hacían preguntas en medio de una conferencia de prensa sobre el huaco erótico que se encuentra instalado en las escaleras del Palacio Municipal. Sin embargo, su respuesta fue lamentable.
— Alcalde... hemos visto que ha colocado una estructura de palo acá en la Municipalidad Provincial de Trujillo.
— ¿Y te ha gustado o no?
— ¿Habrá más retratos?
— Con tu foto quería adornarla.
Otra escena similar ocurrió en una rueda de prensa también por mujeres periodistas en su mayoría sobre la reparación de las pistas en Trujillo, pero su repuesta machista fue duramente criticada. “Pensé que me ibas a preguntar la revisión de tus piernas”, respondió.
Fernández incluso tenía denuncias que estaban en proceso desde que era alcalde distrital de Moche (2019-2022), siendo el caso más mediático y que terminó por sacarlo del municipio, el de la teniente PNP Nataly Estefany Rojas Rojas.
Los hechos se remontan al 30 de abril de 2021, cuando siendo todavía alcalde del distrito de Moche, Fernández Bazán fue detenido por agentes de la Comisaría de Moche —dependencia a la cual pertenencía la teniente PNP Rojas— por oponerse a la aplicación de las vacunas contra el Covid-19. Tras salir libre, la autoridad edil usó la página de Facebook de la municipalidad para cuestionar a la teniente PNP Nataly Rojas Rojas. La acusó de no hacer su trabajo y de solo calentar el asiento. "Póngase bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén. Debe estar en el Vraem luchando como se debe, no metida en su oficina calentando el asiento con ese traserazo", dijo en un video.
No llevaba ni seis meses en la gestión, y en abril de 2023, el entonces general PNP, Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la Región Policial La Libertad, también lo denunció. Esta vez por desobediencia y resistencia a la autoridad. Precisó que la autoridad edil incumplió las garantías que ordenó Prefectura regional de La Libertad. Se trataba de un plan de patrullaje integrado, por lo que el alcalde Arturo Fernández tenía brindar sus vehículos y serenos para que los efectivos patrullen las zonas de la ciudad. No obstante, no dispuso de la orden y calificó como un “engaño” de parte de general por ese tipo de patrullajes.
En mayo del 2023, el Sexto Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra la Mujer le ordenó que reciba terapia en un centro de salud mental. Esto, luego de que una joven, Kelly Yalú Padilla Zare, lo denunciara por supuesta violencia psicológica. La autoridad señaló que no acataría la orden. ¿Qué había pasado? Otra vez, en la cuenta de Facebook del municipio, el 12 de abril Fernández comentó sobre la publicación de la joven Padilla. Ella había resaltado la labor del general de la Policía en La Libertad de ese entonces, Augusto Ríos Tiravanti, y al contrario descalificaba la gestión del burgomaestre, por lo que Fernández respondió a través de una publicación con fotografías de la usuaria de esta red social y realizó comentarios que, según las autoridades judiciales, configuraban como violencia psicológica.
En enero de 2024, el Mallplaza de Trujillo interpuso una demanda solidaria contra la municipalidad de aproximadamente S/100 millones debido al cierre del establecimiento a vísperas de Navidad, en el 2023.
En junio de 2024, la Procuraduría interpuso dos denuncias. La primera es en relación a la designación ilegal de Jesús Velásquez Reyna como gerente municipal. Según la Contraloría — en el Informe de Acción de Oficio Posterior 050-2023-CG/OCI0424-AO del 7 de noviembre del 2023— que concluyó que el referido exfuncionario no cumplía con el perfil requerido para ocupar el cargo. Y la segunda tiene que ver con la sustracción de bienes acopiados en el polideportivo Chan Chan, constituyéndolo como peculado por apropiación ilícita de bienes ediles.
Y en octubre de este año, otra vez, el procurador municipal, Martín Salcedo Salazar, interpuso una denuncia penal contra Fernández por el presunto delito de colusión agravada. El caso trata de la compra de 6,000 barreras plásticas para contener posibles huaicos, valorizadas en S/3.3 millones, las cuales nunca se usaron y se están deteriorando en el exterminal terrestre Santa Cruz, ubicado en el barrio de Chicago.
SUSPENSIÓN
Aunque Fernández se disculpaba por los lamentables comentarios que dirigió a la teniente PNP Rojas, ella continuó con la denuncia. Incluso en agosto de 2022, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad le dictó un año de prisión suspendida y un pago de reparación civil de S/5 mil en primera instancia.
Casi un año después, el 20 de junio de 2023, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ratificó la sentencia en segunda instancia que sentenciaba un año de pena privativa de libertad suspendida. El colegiado integrado por Cecilia Milagros León Velásquez, Ofelia Namoc López del Aguilar y Liliana Janet Rodríguez Villanueva solo modificaron la sentencia original sobre el monto de la reparación civil, que lo elevó de S/5 mil a S/25 mil.
Con ese resultado, el 14 de setiembre de 2023, el Concejo aprobó suspender en sus funciones al alcalde Arturo Fernández hasta enero de 2025,, por la vigencia de la sentencia confirmatoria en su contra por el delito de difamación agravada contra la teniente PNP Nataly Rojas.
Meses después, el 20 de noviembre se convocó a otra sesión de Concejo que fue muy accidentada. Hubo agresiones entre bandos a favor y en contra, incluso una portátil de Fernández impidió el ingreso de regidores al Concejo y lanzaron huevos y golpes. Pese a los incidentes con 12 votos a favor, por unanimidad de los concejales presentes se denegó la reconsideración y se ratificó la suspensión del alcalde en vista que Fernandez no se presentó como tampoco nuevas pruebas que ameriten dejar sin efecto la suspensión.
Con 12 votos a favor, por unanimidad de los concejales presentes -Reyna no votó, por presidir la sesión, y 2 regidores no pudieron ingresar- se denegó la reconsideración y se ratificó la suspensión del alcalde en vista que éste no se presentó y que no hubo nuevas pruebas que ameriten dejar sin efecto el acuerdo anterior.
El acta de la ratificación de la suspensión a Fernández fue elevada al JNE para que decidiera si declaraba fundada o no la apelación. Es así que el 9 de enero, el JNE llevó a cabo la Audiencia Pública Vitual para decidir sobre el tema.
El abogado Julio César Silva alegó que Arturo Fernández infringió el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades. “Este caso no es complejo como lo ha dicho el alcalde, sino bastante sencillo. Resulta claro que el pleno debe suspender al alcalde Arturo Fernández porque así lo manda la ley. Se ha intentado dilatar este procedimiento para evitar que el pleno suspenda al alcalde. Incluso, se puso en riesgo la integridad del concejo cuando se votó la reconsideración el 20 de noviembre”, dijo a su turno.
Tras escuchar a Julio César Silva y Jean Paul Silva León, el JNE declaró infundado el requerimiento de apelación, por lo tanto, quien terminó reemplazando a Fernández como alcalde de Trujillo fue el primer regidor Mario Reyna. Al día siguiente se le entregaron las credenciales.
Aún así, Fernández buscó todas las vías legales para recuperar su sillón municipal. El 13 de julio, el JNE declarado infundado el pedido para que se le restablezca la vigencia de su credencial de burgomaestre, el organismo electoral se ractificaba de sus decisión tomada en enero: ARturo Fernánez estaba suspendido del cargo hasta enero de 2025.
VACANCIA
Hay que tener en cuenta que Arturo Fernández tenía hasta tres pedidos de vacancia en la cola, de los tres uno prosperó, y esta novela se remonta a noviembre de 2023, justo antes de que el JNE decidiera la suspensión de Fernández. El Concejo Municipal de Trujillo no aprobó el pedido de vacancia del burgomaestre provincial presentado por el ciudadano Rafael Vera Alvites (expediente N° 42051-2023-MPT). En ese entonces, la votación quedó en 10 a favor y 5 en contra, necesitándose de mayoría calificada (11 votos) para la aprobación. En pocas palabras, Fernández se salvó por un pelo.
Aún así, el abogado Fernando Caldéron podía recurrir a la reconsideración de voto. Fue así que tras presentar la revisión, varios meses después, el 9 agosto de 2024, se realizó una nueva sesión del Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo para ver el asunto, sin embargo, otra vez por mayoría, se declaró infundado el recurso de reconsideración del abogado Fernando Calderón Burgos.
Con dos fallos en contra, el 12 setiembre, el Concejo acordó elevar la solicitud al JNE, para su atención, por ser este tema su competencia. Según el art. 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala: "(…) el recurso de apelación se interpone ante el Concejo Municipal que resolvió el recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes, el cual elevará los actuados en el término de 3 días hábiles al JNE, que resolverá en un plazo máximo de 30 días hábiles, bajo responsabilidad. La resolución del JNE es definitiva y no revisable en otra vía".
Solo bastaron menos de 60 días para que el JNE declarare fundado el recurso de apelación y finalmente deja a Arturo Fernández fuera del sillón municipal el cual pretendía recuperar el 9 de enero tras cumplirse un año de su suspensión, pero ahora será Mario Reyna quien ocupe el cargo hasta el 2026.
“Ahora procede exhortar al alcalde provisional (Reyna), que en unos días será alcalde provincial, haga bien su trabajo, se rodee de gente idónea, que, sobre todo, ayude al desarrollo a la ciudad de Trujillo, a restituirle su belleza y su sitial como la ciudad de la cultura. Es lo único que se le pide”, señaló Calderón.
Actualmente, Arturo Fernández está prófugo después de que el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad solicitara su orden de captura tras declararlo reo contumaz. ¿Por qué? En agosto de este año Fernández Bazán no asistió a la audiencia programada para enfrentar una querella presentada por el exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra. De hecho, la exautoridad ingresó a la sesión virtual, pero luego de algunos minutos abandonó la sala. De esta manera, la jueza Ingrid Pajares Acosta, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad, tomó en cuenta su actitud y decidió ordenar a la Policía su detención para garantizar su comparecencia a grado o fuerza. Desde entonces, Fernández Bazán está no habido.
DATO
·Arturo Fernández es un obstetra y ginecólogo de profesión. Fue alcalde del distrito de Moche entre 2019 al 2022.
·En 2022 postula para la alcaldía provincial de Trujillo y es electo cumpliendo poco más de un año de su gestión.
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