Organismo de control ambiental dentro del TLC acogió solicitud de pueblos indígenas en referencia a la promulgación de la Ley Nº 30723, que promueve la construcción de carreteras en las zonas de frontera de Ucayali.
Organismo de control ambiental dentro del TLC acogió solicitud de pueblos indígenas en referencia a la promulgación de la Ley Nº 30723, que promueve la construcción de carreteras en las zonas de frontera de Ucayali.

Al menos 383 que pertenecen a 16 pueblos indígenas se encuentran en grave peligro debido a que el Congreso, en 2018, promulgó la Ley N 30723, “que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali”. Ante ello, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) presentó una solicitud ante la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial Perú (TLC) – Estados Unidos, alegando que el Estado Peruano no había aplicado de manera efectiva su propia legislación ambiental cuando promulgó la mencionada ley.

Tras un proceso de verificación de dos años, dicho organismo del TLC determinó, entre otras cosas, que “El Congreso de la República no sometió al Proyecto de Ley Nº 1123/2016 CR (posteriormente promulgada como Ley Nº 30723) a una evaluación sobre su potencial afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios para así poder determinar si era una medida legislativa que debía ser consultada. Asimismo, a la fecha, el Reglamento del Congreso no establece mecanismos para la implementación de la Ley de Consulta Previa durante el procedimiento legislativo”.

Al respecto, Julio Cusurichi, representante de FENAMAD, recordó que la ley fue revisada y aprobada finalmente el pasado 15 de enero de 2018 solo por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, sin la opinión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso; el Ministerio de Cultura; el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia; el SERNAMP ; los ministerios del Ambiente y de Salud; y la Defensoría del Pueblo, y sin consultar a los representantes de los pueblos indígenas. “Simplemente, nos ignoraron”, comentó el dirigente, tras solicitar que la ley sea derogada.

Por su parte, Silvana Baldovino, Directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) explicó que la ley en mención aún sigue vigente y poniendo en peligro tres parques nacionales (Alto Purús, Cordillera Azul, Sierra del Divisor,) dos Reservas Comunales (Purús y El Sira), un Área de Conservación Regional (Imiria), tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti).

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“Es increíble que siga vigente una ley con potencial para generar tantos impactos devastadores sobre nuestros bosques más biodiversos y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que ahí viven. Estos hallazgos descritos en el Expediente de Hechos nos confirman, una vez más, lo que desde el mismo Estado y las organizaciones de la sociedad civil hemos venido diciendo”, comentó la especialista.

Dino Delgado, Director Ejecutivo de la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del TLC entre Perú y EE.UU, señaló que “la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental ha publicado sus hallazgos en un Expediente de Hechos y, en línea con las preocupaciones manifestadas por FENAMAD, donde se destaca, entre otros, que al día de hoy no existe en el proceso legislativo del Congreso de la República una etapa donde se puedan evaluar las iniciativas legislativas y su potencial afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, y así poder determinar si es una medida legislativa que debe ser consultada”