Utilización política

Luego de 18 años de investigación y 7 archivamientos, el fiscal Luis Landa decidió denunciar a Alberto Fujimori y a tres de sus ministros de Salud como autores del delito de esterilización forzada. En el camino poco importa la verdad, menos el acceso de las verdaderas víctimas a la justicia.

Diversas organizaciones de derechos humanos y el sector conservador de la sociedad se han dedicado a inventar cifras y boicotear un programa de salud dirigido a un segmento vulnerable de la población, que depende del Estado para acceder a servicios de salud. Así han sostenido que el gobierno peruano implementó una política de Estado para esterilizar forzada y compulsivamente a mujeres pobres e indígenas que tuvo como resultado 300,000 víctimas. Sin embargo, la evidencia demuestra que ello no es verdad. Pero cuando la motivación es política, poco importa la evidencia.
El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) atendía 850,000 parejas al año y proveía todos los métodos anticonceptivos (MAC) disponibles. Uno de ellos era la AQV –ligadura y vasectomía– conocida como esterilización. El año que más ligaduras hubo fue 1997, realizándose 109,689. Durante la implementación del programa, hubo denuncias de esterilizaciones sin consentimiento. El Informe Defensorial 69 investigó 773 denuncias, 61 referidas a esterilizaciones sin consentimiento entre 1994 y 2002; esto es antes y después de la vigencia del programa. De ellas, 32 fueron declaradas fundadas. Además, se encontró que los casos de esterilizaciones sin consentimiento ocurrieron pese a que el DL 346 prohibía expresamente cualquier forma de coerción, manipulación o incentivos económicos.

En el Perú se han documentado esterilizaciones sin consentimiento antes de los noventa y luego en tres gobiernos: Fujimori, Paniagua y Toledo, y en ninguno de ellos fue política de Estado. Cada esterilización sin consentimiento es un crimen, y los responsables deberían ser sancionados y las víctimas resarcidas.

Luego de la caída de Fujimori, el gobierno del presidente Paniagua optó por cancelar, en lugar de reforzar los controles y el sistema de distribución. Así se dejó de lado a las mujeres más pobres del Perú, aquellas que necesitan del Estado para acceder a métodos de planificación familiar. El resultado fue la privación de su derecho a regular libremente su fertilidad.

Dieciocho años después, la utilización política continúa, porque los intereses políticos y económicos pueden siempre más que la evidencia.