Unidos contra la extorsión

Gremios de construcción civil, colectivos empresariales y de trabajadores, entre otros, se han puesto de acuerdo para convocar a una gran movilización para el 19 de diciembre contra la inseguridad ciudadana.

Un loable esfuerzo de unidad para transmitir un mensaje firme y contundente a las organizaciones criminales: en el Perú no estamos dispuestos a renunciar al derecho a defendernos de las extorsiones mafiosas que amenazan nuestra integridad y funcionamiento.

Compete a las fuerzas de seguridad hacer retroceder al delito y terminar por desarticular a las bandas que están poniendo en jaque a los principales centros urbanos del país, pero la lucha por proteger la inversión privada, el empleo y el desarrollo del país le corresponde también a la ciudadanía.

Justamente, hace unos meses, a propósito de los crímenes del Tren de Aragua, los altos mandos policiales señalaban que se trataba de un problema que demandaba el compromiso de todos los peruanos.

“No vemos una estrategia nacional de lucha contra la inseguridad ciudadana, ni tampoco un plan operativo que lleve a cabo esta estrategia nacional”, sostuvo entonces Jesús Salazar, presidente de Sociedad Nacional de Industrias (SNI), al expresar el respaldo de su gremio a esta gran Marcha contra la Delincuencia y la Inseguridad Ciudadana. Un tema medular que, a su criterio, podría ser discutido en el marco del Acuerdo Nacional para afinar estrategias y encontrar salidas.

La Cámara Peruana de Construcción Civil (Capeco), a través de su titular, Jorge Zapata, hizo lo propio, agregando que “si tenemos fiscales que van a soltar a delincuentes, no vamos a solucionar el problema”, además de subrayar, de paso, la inoperancia del Congreso y del municipio de Lima Metropolitana. Como se sabe, es este rubro uno de los más afectados por los chantajes y amenazas de las organizaciones delictivas.

En la convocatoria también participó, por ello, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCCP) cuyo representante, Luis Villanueva Carbajal, lamentó la inacción del Estado ante la gravedad de una situación que afecta a la ciudadanía en su conjunto.

Cabe esperar que a la iniciativa de estos colectivos se sumen otras entidades de la sociedad civil. En la marcha del próximo 19 todos estamos obligados a alzar la voz.

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