Sorprende el incremento de los ‘asesinatos a la carta’ en Trujillo, en Lima y en todo el Perú. Más aún cuando los transportistas del servicio público salieron a manifestarse y tuvieron un paro contundente que detuvo Lima y evidenció que el Gobierno no está haciendo nada frente a esta ola de delincuencia; al contrario, ha sido desbordado.
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Qué se puede esperar con el ministro Santiváñez, que no solo es incompetente, sino un arribista al que le han quitado la careta con los audios, en los que se vanagloriaba hasta el extremo de hacer el ridículo, exponiendo hasta al premier y a la propia presidenta Boluarte con sus afirmaciones registradas en audio y entregadas ya a la Fiscalía que lo viene investigando.
Han declarado estado de emergencia en varios distritos de Lima y, nuevamente, desde el Congreso, los que aprobaron esa ley infame para favorecer a los delincuentes, ahora pregonan sanciones drásticas y hasta hablan de la tipificación del delito, denominado “terrorismo urbano”, con penas drásticas.
Lo paradójico de esa historia es que son justamente las bancadas de Fuerza Popular y el cerronismo las que han estado promocionando esta nueva ley a favor del crimen organizado. Y ojo que esa aprobación ha sido de puro interés de los congresistas que han delinquido, tienen denuncia y están siendo investigados por el Ministerio Público. Y, como varios de estos impresentables congresistas tiene “rabo de paja”, pretenden curarse “en salud” para evadir el largo brazo de la ley aprovechándose del cargo de congresista.
Entonces, de qué “terrorismo urbano” estamos hablando si han sido los congresistas y sus bancadas quienes oficiosamente han impuesto una ley para favorecer los intereses de las organizaciones criminales. ¿No deberían empezar con denunciar a todos los congresistas involucrados en este tinglado, para ver los nexos que tienen con la delincuencia? Aunque sospechamos que son tan ignorantes los congresistas que, solo por salvarles el pellejo a varios, ahora se les ha ido de la mano con la delincuencia organizada y, por eso, quieren enmendar la plana derogando la dichosa Ley 32108.
El fujimorismo pretende promover medidas drásticas de mano dura contra la delincuencia, pero con qué autoridad moral hablan si han sido ellos los responsables de la precarización del sistema de justicia y, además, se han dedicado a debilitar la labor encomiable de valientes policías que se enfrentan a diario a las mafias, como es el caso de la Diviac y el coronel Colchado.
