“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice un conocido refrán, recordándonos que, ante una norma que lesiona nuestros intereses, siempre es posible diseñar una estrategia que nos permita evadir su aplicación. Y eso es lo que, por enésima vez, viene haciendo el Congreso de la República para sacarles la vuelta a la ley y a los electores, para proteger a los mal llamados ‘padres de la patria’ que se burlan de la justicia y dan vergüenza ajena mientras todo un país clama por que se ponga fin a la corrupción.
La sentencia del Cuarto Juzgado Unipersonal del Cusco, que dispone prisión efectiva para el congresista de Alianza para el Progreso Benicio Ríos Ocsa, puso esta semana sobre el tapete, una vez más, la discusión sobre los alcances de la inmunidad parlamentaria, que se ha constituido, desde hace mucho tiempo ya, en un cómodo e injustificado blindaje para quienes la justicia ha determinado que han incurrido en actos ilícitos.
En ese contexto, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, ensayó una enrevesada explicación que si algo dejó en claro, fue que, por una sentencia del Tribunal Constitucional y en tanto no haya sentencia firme, Ríos seguirá gozando de las prerrogativas que le da el ser parlamentario, con su sueldo de más de 15 mil soles, asesores, secretaria, auxiliar, seguridad, etc.
El proyecto de ley de la legisladora Patricia Donayre apunta a acabar con esa gollería de la inmunidad, pero todo indica que una voz en solitario no tendrá eco en un Parlamento que confunde la inmunidad con impunidad, y que privilegia el derecho a la presunción de inocencia sobre el derecho que tenemos todos los peruanos de ser representados por personas probas y que no arrastren cuentas pendientes con la justicia.
Peor aún, individuos que, conscientes de que enfrentaban procesos por colusión, negociación incompatible, fraude procesal o falsedad ideológica, postularon buscando el cobijo parlamentario para pasar ‘piola’ durante cinco años más. Si no, que lo digan Zacarías Lapa, Guillermo Martorell, Richard Acuña, Rogelio Tucto y el propio Ríos, quien, incluso, se da el lujo de no dar la cara y esconderse hasta que sus abogados logren revertir la orden de captura.
¿Y qué dice o hace el Parlamento al respecto? NADA.